Cierre de piscinas: los inquilinos podrán pedir una rebaja de alquiler

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha revelado que los inquilinos cuyas comunidades de vecinos han decidido no abrir la piscina este verano por la pandemia de coronavirus pueden pedir al arrendatario una reducción de la renta durante los meses de su uso habitual en los que no estará disponible.

A modo orientativo, el organismo estima entre un 10% y un 20% la reducción de la renta, siempre que el uso de la piscina esté contemplado en el alquiler, ya que se podría considerar un incumplimiento parcial del contrato por parte del propietario.

No obstante, la organización aconseja que las partes lleguen a un acuerdo razonable que puede consistir en la rebaja de la renta o en otra compensación. En cuanto a los propietarios, la OCU les aconseja que decidan cómo administrar el superávit que genera la decisión de no apertura respecto del gasto presupuestado. Algunas comunidades de vecinos han decidido no abrir la piscina este verano al considerar excesivo el gasto que debieran afrontar para garantizar las medidas de seguridad y prevención en relación con la Covid-19.

La OCU recuerda que el respeto de las normas de distancia e higiene implicará más gasto para todas las piscinas, pero la cuantía variará mucho en función de las características propias de cada instalación, el aforo habitual, el espacio disponible, el número de vecinos, etc.

Los cambios en las piscinas

En algunos casos es necesaria la contratación de más personal (para el control del aforo, la aplicación de las medidas de limpieza, etc.) y en otros no. En cualquier caso, según la organización, abrir la piscina este año es más caro que el anterior y habrá que tomar medidas para organizar los espacios y garantizar las distancias, lo que puede conllevar turnos rotativos de uso u otras similares.

Si los vecinos deciden no abrirla, el gasto que estaba presupuestado para esta partida en este ejercicio, no se consumirá, o se consumirá solo en una pequeña parte.

La OCU aconseja que las cuentas se hagan al cierre del ejercicio y en ese momento decidan qué hacer con el superávit, aunque recuerda que la decisión corresponde a la junta de propietarios, y se han de someter a lo que decida la mayoría.