El CGPJ aprueba una declaración contra la amnistía y advierte sobre confundir el interés de España con el de Sánchez

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado, con nueve votos a favor, cinco en contra y uno en blanco, una declaración institucional contra la futura ley de amnistía que ha pactado Pedro Sánchez con ERC y que todavía negocia con Junts para exonerar a los condenados por el procés.

El CGPJ, que ha aprobado la declaración con mayoría conservadora, ha cargado contra la ley que cocina Sánchez con los partidos independentistas para su investidura y la ha tachado como una «medida de abolición del Estado de derecho», que «violenta la Constitución» y convierte a la Justicia en «una quimera».

El organismo advierte en una durísima e inédita declaración institucional que no hay que confundir el «interés de España» con el «interés del Presidente del Gobierno en funciones». Y justifica la declaración institucional a pesar de que no esté registrada todavía la ley de amnistía.

«El Consejo General del Poder Judicial ha venido observando con creciente preocupación las declaraciones de miembros de algunos partidos políticos minoritarios, algunos de ellos con responsabilidades de gobierno, sobre la eventual amnistía de los delitos cometidos con ocasión de los episodios acaecidos el 1 de octubre de 2017 (…)», comienza diciendo la declaración institucional.

A continuación, el organismo señala que ha optado por mantener una actitud «prudente», mientas el Gobierno en funciones no se hubiera manifestado al respecto de la amnistía. Sin embargo, la declaración del pasado 28 de octubre de Pedro Sánchez, cuando confirmó el pacto por una ley de amnistía, aludiendo al «interés de España», el CGPJ considera que es suficiente para emitir una declaración institucional, a pesar de que todavía no esté registrado el texto normativo que ampararía la amnistía.

La tramitación de una ley tan trascendental como de amnistía, explica el pleno del CGPJ, «justificaban su tramitación como proyecto de ley y no como proposición para dar oportunidad a que los órganos consultivos del Estado emitiesen su opinión técnica«. Sin embargo, «no va a ser así».

Los partidos que impulsan la iniciativa legislativa, continúa el comunicado sobre el pleno, celebrado entre las siete y las ocho de la tarde del lunes, «los mismos que sostienen la acción del Gobierno en funciones, anuncian que han optado por la tramitación parlamentaria que permite prescindir de tales informes». Resulta por ello, subraya, «absurdo que se nos pida esperar a hacer algo que no se podría hacer porque deliberadamente se ha escogido la vía que lo impide».

Además, argumenta, «lo sustancial ha sido anunciado ya por los diferentes responsables políticos que están negociando la futura ley, entre ellos algunos con responsabilidades pendientes de dilucidar ante los tribunales y que están negociado y determinando su propia exención de responsabilidad«.

La concesión de una amnistía en el actual sistema constitucional «constituye una grave vulneración de los derechos fundamentales y del propio sistema de división de poderes en que se inspira nuestra Constitución y sobre el que se asienta el Estado de derecho», advierte. Este órgano constitucional, añade, «no puede permanecer en silencio ante una iniciativa como la referida, por las graves consecuencia que tiene en la misma configuración del Poder Judicial que se hace en la Constitución, fuente de legitimidad de todos los poderes del Estado que condiciona el ejercicio de sus potestades».

El comunicado del CGPJ subraya la siguiente frase: El Consejo «no puede aceptar que se acometa una iniciativa que cercene de una forma tan ostentosa los derechos fundamentales de los ciudadanos y las potestades que la Constitución reserva al Poder Judicial«.

«Lo cierto», afirma, es que «no existe en nuestro ordenamiento una Ley de Amnistía, lo que obligará a que la proyectada amnistía que se pretende someter a las Cortes sea una ley singular que, siempre según palabras del Presidente del Gobierno en funciones, tendría por finalidad solucionar el conflicto de Cataluña con España y desjudicializar el referido conflicto político en Cataluña.

La proposición de ley supuesta, continúa, «comporta una invasión inadmisible en nuestra Constitución, en concreto, de las potestades que, en régimen de exclusividad, la Norma Suprema encomienda a los Tribunales». Una ley de esas características «no puede tener ni fundamento ni razón alguna y vanos resultarán los argumentos para su motivación«, asegura.

De imponerse una ley como la proyectada, «se produciría una muy peligrosa injerencia del Poder Legislativo en el Poder Judicial, alterando la exigencia de la separación de poderes y, con ello, el principio esencial del Estado de Derecho que garantiza nuestra Constitución».

En otro subrayado, el comunicado dice: «Confundir el interés de España con el interés del Presidente del Gobierno en funciones para evitar la hipotética formación de gobiernos de partidos de una ideología diferente a la suya es algo manifiestamente incompatible con la alternancia política, ínsita en el principio básico de pluralismo político que, según el artículo 1 de nuestra Constitución, es un valor superior de nuestro ordenamiento jurídico».

Utilizar la promulgación de una ley singular «para invadir competencias propias del Poder Judicial como medio de negociación política», constituye «una perversión del régimen constitucional, porque nada impediría que mayorías coyunturales en la composición de las Cortes impongan su criterio por encima de las exigencias constitucionales, al amparo de que una norma con ese rango no puede ser cuestionada por los ciudadanos», incide.

«La enormidad de las consecuencias de lo que se ha anunciado por el Presidente del Gobierno en funciones es que convierte la independencia de los tribunales y la seguridad jurídica, la justicia en suma, en una quimera«, lamenta. Y recuerda que los «compromisos asumidos por España en los artículos 2 y 19 del Tratado de la Unión Europea» impedirían igualmente la aprobación de una ley de amnistía.