CDC cierra filas con el Govern y defiende la adjudicación de ATLL a Acciona

Sin fisuras, por el momento. La ejecutiva del Convergència Democràtica debatió este lunes el proceso de privatización de Aigües Ter Llobregat (ATLL) y su adjudicación a Acciona, defendiendo la operación, a pesar de que un órgano de la propia Generalitat, el Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de la Generalitat (OARCC) haya dictaminado que la oferta de Acciona no cumplía con el pliego de condiciones del concurso, al que optaba también Agbar.

La dirección de CDC mostró su apoyo al Govern, y consideró que se trata de aspectos técnicos que no afectarán a la adjudicación y que, en cualquier caso, deberá resolver el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), después de haber presentado un recurso.

El secretario general de Convergència, Oriol Pujol, defendió la operación, con una consigna que se irá repitiendo a partir de ahora: la operación de privatización era necesaria para obtener ingresos, que evitarán nuevos recortes por parte de la Generalitat. El dinero, 300 millones en el inicio de la operación, aunque toda la venta se ha efectuado por 1.000 millones de euros, ya se ha cobrado. Los recursos están en las arcas de la Generalitat, existen, y Convergència no prevé que se pueda modificar la adjudicación a Acciona. Y eso, se entiende, es lo que cuenta.

Bajo vigilancia

“El Govern ha hecho bien las cosas”, aseguró Oriol Pujol, con las mismas palabras que las que utilizó también el conseller de Economia, Andreu Mas-Colell. Según Pujol, se trata de una “dimensión técnica que no es la primera vez que pasa”, en referencia a las objecciones del órgano de la Generalitat, de carácter unipersonal, que dirige el alto funcionario Juan Antonio Gallo Sallent.

De hecho, para Oriol Pujol, la decisión de este órgano de la Generalitat ha demostrado que “el proceso ha estado bajo vigilancia, y se ha actuado con transparencia”. Pero se trata de la mayor operación de privatización de la Generalitat, y la decisión se tomó con el Govern en funciones, y sin que, finalmente, la firmara el conseller responsable, Lluís Recoder. Fue el secretario general de Territori i Sostenibilitat, Pau Villoria, quien firmó la adjudicación.

Recoder, Mas y Vila, defienden Acciona

En la ejecutiva de Convergència, fue el propio Recoder quien tomó la palabra para defender su gestión. Fuentes del Govern mantienen que el proceso fue escrupuloso. Tras el exconseller de Territori, tomó la palabra el propio Artur Mas y el nuevo conseller, Santi Vila, para mantener la misma tesis, confiando en que el recurso ante el TSJC resolverá cualquier duda sobre la operación. En cualquier caso, la cuestión no centró la reunión de la Ejecutiva, más pendiente de resolver la coordinación que, desde este mismo lunes, se ha establecido con la cúpula de Esquerra Republicana. Pero hubo interés entre la dirección de CDC, un tanto inquieta por la repercusión mediática de la cuestión.

Las mismas fuentes del Govern sostienen que la resolución del organismo que dirige Juan Antonio Gallo, adscrito a Presidència, y bajo la responsabilidad en la anterior legislatura del propio Artur Mas y del secretario del Govern, Germà Gordó, podría ser cuestionable. El organismo, de hecho, se constituyó en la pasada legislatura y entró en funcionamiento el 12 de junio de 2012.

El PSC pide que se anule el proceso

La oposición, muy tibia durante todo el proceso, ha entrado, finalmente, en la cuestión. El PSC ha presentado una propuesta de resolución en el Parlament en la que pide que se inicie “el proceso de anulación de la concesión”, con el objetivo de que el servicio se vuelva a prestar por un ente público, dado el “despropósito” que se ha generado con la operación de privatización.

«El agua es un bien público y se debe preservar de los riesgos de su mercantilización», se asegura en la exposición de motivos de la propuesta de resolución.