Catalunya, incapaz de controlar la pobreza

La sociedad catalana “es más pobre y con un techo precario”. El presidente de Cruz Roja, Josep Marquès, ha alertado este jueves que “la precariedad está subiendo” y que cada vez hay más atendidos por la ONG que solicitan alguno de sus servicios. Además, los que se acercan a la institución están más al límite.

El directivo ejemplifica este análisis con los datos de desahucios entre sus usuarios. En los últimos dos años, se han multiplicado por cuatro, del 3,8% al 15%.

Además, hasta el 78,5% de las familias a las que atiende la entidad tiene problemas o, directamente, no puede pagar el alquiler o la hipoteca de su hogar. Casi el 41% tiene mensualidades pendientes de pago.

En todo el proceso, casi el 39% de los afectados no obtiene ninguna ayuda. Ni siquiera el apoyo en la mediación o asesoramiento legal para intentar buscar una vía alternativa al lanzamiento.

Menos respaldo

Los datos se incluyen en la quinta edición del Observatario de la Vulnerabilidad que elabora periódicamente la entidad humanitaria. Cruz Roja elabora el estudio en base a 820 encuestas realizadas entre una muestra de 16.000 personas, que han requerido los servicios de la institución.

Los recortes también han llegado a los colectivos más precarios. Hace dos años la mitad de los atendidos por la entidad humanitaria recibía algún tipo de prestación económica pública. En estos momentos, sólo lo hace el 37% de ellos.

En cuanto a la renta mínima, ahora sólo la reciben el 11,2% de los usuarios mientras que en 2011 ayudaba al 17,5% de ellos.

Los ingresos medios de estas familias también han caído. En tan sólo 24 meses han pasado de estar entre los 400 y los 600 euros a situarse entre los 300 y los 500 euros.

Renta mínima

“La sociedad requiere una renta mínima de inserción para las personas que realmente la necesitan”, reclama Marquès. Señala que con una ayuda pública de entre 300 y 500 euros muchas familias podrían abonar los suministros básicos y tendrían menos problemas para afrontar gastos como el alquiler o la hipoteca.

Para ello, pide que se implique tanto a la Generalitat como a las compañías privadas que se encargan de los servicios de gas, luz y agua.