Uno por uno: estos son los siete imputados por el caso Koldo

La Audiencia Nacional sigue adelante con su investigación por el ‘caso Koldo’, que busca poner luz sobre una supuesta trama que habría pagado sobornos para obtener contratos de venta de mascarillas durante la pandemia. Entre los siete imputados se encuentra Koldo García, quien fuera asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos.

La Fiscalía Anticorrupción les imputa a todos ellos una serie de presuntos delitos que incluyen organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, delitos contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias. Fueron arrestados la semana pasada como parte de la ‘operación Delorme’, y tras prestar declaración ante el juez Ismael Moreno actualmente están en libertad.

Según la Fiscalía, existen pruebas suficientes para afirmar que había «una organización criminal» con acuerdos previos que se dedicaba a «obtener la adjudicación» de contratos.

Se sospecha que los pagos fueron realizados a Koldo García «para intermediar y asegurar» estas adjudicaciones. También se habrían llevado a cabo «operaciones para ocultar estos pagos, así como para evitar rastrear los ingresos obtenidos como resultado de las adjudicaciones irregulares».

En conjunto, se están examinando ocho contratos otorgados por diversos organismos de la Administración Pública, con un valor total de casi 52 millones de euros. Aunque el sumario de la causa, al que ha tenido acceso Europa Press, incluye más de diez nombres, por ahora solo hay siete personas imputadas, que son las siguientes.

Koldo García

El individuo implicado en el caso, quien también fue asesor del exministro Ábalos, es identificado como la figura clave a la que la trama recurría para agilizar los procedimientos con el Ministerio de Transportes en relación con la contratación durante la pandemia para la venta de mascarillas.

Se señala que facilitaba los procesos de adjudicación de material a la empresa Soluciones de Gestión.

Según las investigaciones, el patrimonio de Koldo aumentó en 1,5 millones de euros entre 2020 y 2022, al convertirse en propietario, directa o indirectamente, de activos muebles e inmuebles, como tres propiedades en Benidorm (Alicante), poco después de que se llevaran a cabo las adjudicaciones públicas a la empresa implicada en la trama, describe Europa Press.

Víctor de Aldama

El presidente del Zamora CF, Víctor de Aldama, se encuentra en el centro de la investigación por la presunta trama de corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia.

Según el sumario del caso, De Aldama habría actuado como intermediario, aprovechando su «cierta influencia» en el Ministerio de Transportes para favorecer la adjudicación de contratos a la empresa Soluciones de Gestión.

La Fiscalía Anticorrupción estima que De Aldama habría obtenido un beneficio económico de 5,5 millones de euros a través de esta trama. La investigación revela que, al ser conocedor de la necesidad de material sanitario por parte del Ministerio de Transportes, y ante la falta de recursos y financiación por parte del mismo, De Aldama contactó con Soluciones de Gestión y el grupo Cueto, quienes sí tenían la capacidad para cumplir con el contrato.

Juan Carlos Cueto

Considerado el supuesto ‘cerebro’ detrás de la empresa central en la trama, la Fiscalía sostiene que mantuvo una «relación directa y estrecha» con el exasesor de Ábalos, «que no se limita únicamente a la adjudicación de los contratos». Según la Fiscalía, habría obtenido un beneficio de 9,6 millones de euros.

Es el único de los siete investigados que ha prestado declaración ante el juez hasta el momento. Afirmó que su acción buscaba ayudar a los españoles, que no se benefició de la venta de mascarillas y que el material sanitario se vendió al precio de mercado, con un margen de beneficio mínimo.

Íñigo Rotaeche

En su denuncia, la Fiscalía Anticorrupción lo identifica como el «principal y único accionista» de Soluciones de Gestión en el momento en que se adjudicaron los contratos bajo investigación.

Además, se le menciona en diversas conversaciones relacionadas con las gestiones para la reclamación de Baleares, interceptadas por la Guardia Civil en el curso de la investigación.

A partir de estas comunicaciones telefónicas, la Guardia Civil concluye que es «la persona de confianza de Juan Carlos Cueto«, el presunto ‘cerebro’ de la trama. Según los informes, ambos mantienen «contacto diario» sobre las «gestiones realizadas a través de Koldo en relación con la reclamación de la Administración de las Islas Baleares a Soluciones de Gestión».

José Luis Rodríguez

Según el Instituto Armado, es un «subteniente de la Guardia Civil destinado en el Ministerio de Transportes».

Los agentes afirman que «tiene relación con Koldo García» y que «esta conexión establece un vínculo directo entre el nivel más alto de gestión de los contratos bajo investigación y una de las empresas en las que se han invertido parte de los beneficios».

Los investigadores lo sitúan en al menos dos ocasiones en reuniones con Koldo García en la marisquería de Madrid donde solía reunirse la trama. Lo consideran una «pieza clave en la gestión de los contratos investigados», ya que se le atribuye haber facilitado el contacto entre Cueto y De Aldama con los responsables de la adjudicación.

Patricia Úriz

El Ministerio Público la identifica como la pareja de Koldo García. Según precisa, es la titular única de «gran parte» de los bienes muebles e inmuebles adquiridos principalmente con los ingresos del exasesor de Ábalos, quien «solo figura como titular de uno de los bienes adquiridos después del año 2020».

En el transcurso de la investigación, el juez ha ordenado la prohibición de vender, gravar o disponer de varios de sus vehículos, y ha bloqueado siete cuentas bancarias a su nombre.

Joseba García

Es el hermano de Koldo y, según Anticorrupción, fue utilizado para «ocultar la titularidad real de algunos inmuebles» junto con su exmujer.

Los investigadores han detectado transferencias desde sus cuentas a las de Koldo, su esposa y su hija. «Es importante destacar que en sus cuentas ha recibido fondos en efectivo que ascienden a 130.652,38 euros en el año 2020, 84.907,61 euros en el año 2021 y 52.125 euros en el año 2022», señalan.