Carmena resiste la presión del BBVA en la Operación Chamartín

Se esperaba con interés el proyecto de presupuesto para 2016 del Ayuntamiento de Madrid –el diseñado por el equipo de gobierno de Ahora Madrid, con el apoyo del Partido Socialista–, para conocer detalles acerca de las inversiones previstas. Y una de ellas, la requerida para la polémica Operación Chamartín –rebautizada ahora por enésima vez como Distrito Castellana Norte (DCN)–, no aparece por ningún lado.

Entre los gastos contemplados por el Área de Desarrollo Urbano Sostenible, que dirige José Manuel Calvo, los de la prolongación de la Castellana no se contemplan. Ni para estudios previos ni para urbanización, ni para nada.

Pagar las obras o vender antes

De acuerdo con el actual reparto de cargas del plan parcial que se está tramitando, al Ayuntamiento de Madrid le tocaría aportar unos 120 millones de euros en las obras de urbanización, si antes no opta por vender los 320.000 metros cuadrados de su propiedad en el ámbito. Se trata de la mitad de lo que deberían costear las administraciones públicas por casi 640.000 metros cuadrados, el 20,6% del total del ámbito.

Es cierto que ese gasto no se debería contemplar hasta que, efectivamente las obras se acometieran, pero, en otros ámbitos urbanísticos, como Valdecarros –cuya urbanización nunca llegó a iniciarse– el Ayuntamiento sí destina inversión, la que obvia para la Operación Chamartín.

También lo hace para otro proyecto no exento de polémica, como la reforma de la plaza de España, que, como sucede con el Distrito Castellana Norte, tampoco se ha aprobado, y en cambio, en este caso, el presupuesto municipal sí contempla un gasto de casi 43 millones de euros entre 2016 y 2018, con 1,65 millones en el próximo ejercicio.

Ni sí, ni no

Las largas que vienen dando al asunto, tanto Calvo como la alcaldesa Manuela Carmena, las ponía de nuevo sobre la mesa el responsable municipal de Urbanismo justo un día antes de que el Ayuntamiento presentara el proyecto de presupuestos.

Lo hacía en el sentido de que, a pesar de las presiones recibidas desde el BBVA –promotor principal de la operación–, lo más juicioso es posponer la decisión definitiva sobre el proyecto hasta el año próximo, tras las elecciones generales del 20D, y ver entonces, a la vista del gobierno que se forme, qué se hace al respecto.

En la Comisión de Desarrollo Urbano Sostenible del pasado 21 de octubre, el propio Calvo dejaba caer que el proyecto no se iba a aprobar de manera inmediata. «Tampoco parece demasiado descabellado darse ese margen hasta pasadas las elecciones», decía.

Empleo en entredicho con el actual proyecto

Además, el edil insistía en poner en duda la necesidad de esta macrooperación urbanística, al señalar que «el proyecto, tal y como está planteado, no va a aliviar los problemas de los madrileños ni va a generar empleo». Precisamente, las dos grandes bazas en las que viene incidiendo el BBVA y también los dos partidos de la oposición en el consistorio madrileño.

Sobre todo Ciudadanos que, a través de su portavoz en el Ayuntamiento, Begoña Villacís,  ha instado a desbloquear el proyecto en un máximo de tres meses porque, a su juicio, «no hay ninguna razón técnica» que impida aprobar un plan que, según la edil, va a ser una auténtica panacea, resolviendo de una tacada el modelo de ciudad, la contratación de 120.000 trabajadores y el problema del tráfico en la capital.

En los corrillos del Congreso

El interés que despierta esta macrooperación, en la que antes de edificar nada habrá que aportar 6.000 millones de euros para urbanizar más de 3 millones de metros cuadrados en la prolongación norte del paseo de la Castellana en casi 4 kilómetros, no pasa desapercibida para nadie.

Hace unos días, en los corrillos previos a una comisión parlamentaria en el Congreso, dos diputados comentaban la posibilidad de que el BBVA, ante la actitud del Ayuntamiento de dar largas al tema para no aprobar el plan, se estuviera replanteando descartar la operación antes del 31 de diciembre de 2016. Una posibilidad que, de momento, no parecen contemplar desde Distrito Castellana Norte, la sociedad que preside Antonio Béjar.

En principio, de no producirse ese descarte anticipado, esa es la fecha tope que BBVA y la constructora San José –los dos promotores de la actuación– se han fijado para mantenerse en el proyecto, y abonar a Adif –en el caso de que se aprobase definitivamente el proyecto –los 1.240 millones pactados por casi 2 millones de metros cuadrados de suelo y el aprovechamiento lucrativo resultante.