Incertidumbres jurídicas, políticas y económicas sobrevuelan la Operación Chamartín

A pesar de la enésima fotografía que se hicieron el pasado mes de enero los responsables políticos madrileños con algunos de los promotores de la antigua Operación Chamartín –ahora redenominado Distrito Castellana Norte–, como el BBVA o Adif, las incertidumbres no acaban de despejarse por completo sobre este desarrollo urbanístico de la capital que, desde hace más de dos décadas, busca prolongar el paseo de la Castellana tres kilómetros hacia el norte.

Durante todos estos años, las idas y venidas del proyecto y los desencuentros han sido constantes, con disparidad de criterios en cuanto a edificabilidades, reparto de las cargas urbanísticas, conflictos con los herederos de los propietarios que en su día fueron expropiados para tender el haz de vías ferroviario que parte de la estación de Chamartín.

Referente de la recuperación

No fue posible que saliera adelante en pleno auge de la burbuja inmobiliaria, y ahora sus promotores, con el BBVA y la constructora San José al frente, a través de la sociedad Desarrollos Urbanísticos Chamartín (DUCH), pretenden que se convierta en el referente de la recuperación, con las 17.000 viviendas previstas y un centro de negocios tecnológico.

Pero las dudas siguen estando muy presentes. Las antiguas, relacionadas con los recursos jurídicos que siguen dando vueltas por los tribunales, y las nuevas, que pueden surgir dentro de un mes en función de los resultados electorales que se produzcan tanto en el Ayuntamiento como en la Comunidad de Madrid.

La mayoría del PP

La pérdida de la mayoría absoluta del Partido Popular y, sobre todo que este partido quede fuera de los respectivos equipos de gobierno que se formen en ambas administraciones, amenazan con introducir un nuevo elemento de discordia en el proyecto.

A pesar de las prisas que el Ayuntamiento se ha dado en sacar adelante un nuevo plan parcial, los plazos son los plazos, y ha sido imposible aprobar definitivamente el nuevo plan parcial. Acaba de terminar el plazo para presentar alegaciones, que deberán ser respondidas, y, además, recabar los preceptivos informes de órganos y entidades administrativos antes de que el Pleno municipal apruebe el plan de manera definitiva. Y el último Pleno antes de las elecciones se celebra el próximo 28 de abril.

Dos planes

Un plan presentado por DUCH tras el nuevo convenio firmado el pasado 22 de enero, que venía a sustituir a uno anterior, que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) tumbó, en junio de 2013, por vulnerar la Ley de Suelo de la Comunidad de Madrid en relación a la limitación de limitar a cuatro plantas las nuevas edificaciones.

Un nuevo plan que, quizá no hubiera hecho falta tramitar, a la vista de una sentencia que acaba de publicar el Tribunal Supremo revocando por carece de la motivación suficiente en relación a cuestiones esenciales para resolver el pleito. «Nada se dice ni se motiva  sobre por qué a un plan, inicialmente aprobado en 2009, no le es de aplicación el texto de la Ley del Suelo de Madrid, vigente desde 2007, en toda su integridad: esto es, con su limitación de alturas y su régimen transitorio», señala la sentencia.

Y luego está el tema económico. Aunque se ha rebajado la inversión prevista, 6.000 millones de euros siguen siendo muchos millones. Para todos. Para los promotores, que deberían poner algo menos de 5.000 millones para urbanizar y edificar. Y también para las administraciones, que han adquirido el compromiso de aportar casi 1.200 millones de euros. Y todo ello sin tener la certeza de que exista una demanda suficiente y solvente para adquirir esas 17.000 viviendas.