Carmena prescinde definitivamente de las agencias de calificación
Con el fin de año finalizan los acuerdos que Madrid mantenía con Standard & Poor's y Fitch desde 2002, con un gasto superior al millón de euros
Se consumó lo esperado. Desde el 1 de enero de 2016, la deuda del Ayuntamiento de Madrid, presidido por Manuela Carmena, dejará de estar supervisada por las agencias de calificación. Los responsables municipales, al entender que no van a tener que emitir más de deuda, han decidido no renovar los contratos que desde 2002 mantenía con las agencias Standard & Poor’s (S&P) y Fitch.
Los contratos con ambas agencias –cuya relación comercial con el Ayuntamiento comenzó en 2002– han supuesto un desembolso para las arcas municipales de más de 100.000 euros en 2015. Fitch recibió 50.469 y Standard & Poor’s cobró 56.481 euros. El gasto total desde 2002 supera el millón de euros.
Apunta el consistorio que las calificaciones de agencias privadas son, por lo general, un requisito a la hora de recibir créditos y, en ocasiones, para negociar las condiciones de pago de los mismos.
Margen limitado para pago de intereses
Pero, según el Ayuntamiento, ya no serán necesarias, porque «el actual gobierno municipal de Madrid no tiene intención de contraer más créditos, más allá de la cuantiosa deuda que recibió. El margen para negociar el pago de intereses y devolución de crédito es además muy limitado con las condiciones impuestas», señala.
El pago de la deuda, que hasta ahora suponía un 27% del presupuesto (1 de cada 4 euros se iban a deuda en 2015) ronda el 15% en 2016. Con estas cuentas se respetan las obligaciones contraídas, pero se da prioridad a la inversión social frente a una amortización anticipada que no revierte en beneficios para la ciudadanía.
Rendición de cuentas
Para el Ayuntamiento es fundamental el compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas públicas con todos los grupos municipales, organismos públicos europeos y estatales, y con la propia ciudadanía.
«Rendición de cuentas que no tiene que pasar necesariamente por el pago a entidades privadas encargadas de emitir valoraciones objetivas y neutrales de los países, empresas y administraciones que analizan. Son muchos los ayuntamientos que no mantienen ningún tipo de relación contractual con agencias de calificación», remacha el consistorio capitalino.
