La Cambra de Barcelona reclama que haya un gobierno catalán “fuerte y estable” cuanto antes
Su presidente Josep Santacreu considera que una repetición electoral en Cataluña llevaría a la paralización política y económica
La Cambra de Comerç de Barcelona anhela que Cataluña pronto pueda contar con un “Govern estable y fuerte”. Además, solicita la promulgación de una nueva ley catalana de cámaras en esta legislatura, una normativa pendiente desde hace una década, y confía en que su proceso parlamentario se inicie en septiembre.
En una entrevista con EFE, el presidente de esta entidad, Josep Santacreu, quien lidera la Cambra desde octubre, ha dicho que espera que una vez constituido el Parlamento catalán varios grupos presenten en septiembre una proposición de ley para iniciar el trámite de la nueva norma.
El titular de la Cambra, que hasta ahora no se había pronunciado sobre las elecciones al Parlamento catalán del pasado 12 de mayo, ha puntualizado «aunque la aritmética no es sencilla, no hay ningún motivo para pensar que no se puede formar Govern».
“Un Govern favorable a los intereses del mundo económico”
«Espero que se pueda formar gobierno», ha dicho Josep Santacreu, que ha explicado que el deseo del empresariado es que «cuanto antes» pueda haber en Cataluña «un Govern estable y favorable a los intereses del mundo económico catalán» y que vele por el desarrollo del conjunto de la sociedad catalana.
Repetir elecciones es un escenario posible, pero «no deseable», ha considerado, porque volver a las urnas sería «una mala noticia» que comportaría una «paralización durante muchos meses».
Consultado si será necesario un entendimiento entre partidos independentistas y no independentistas para formar un Gobierno en Cataluña, Santacreu ha enfatizado que la Cambra no toma posturas políticas, pero ha sugerido «quienes estén más cerca (políticamente) se tienen que poner de acuerdo».
Las prioridades para la Cambra
En este contexto, ha dicho que espera que el nuevo Gobierno catalán aborde las principales prioridades legislativas recientemente planteadas por la Cambra, como la ejecución de inversiones, la gestión prioritaria de la sequía y la implementación de un nuevo sistema de financiación.
La Cambra, junto con otras instituciones económicas catalanas, considera crucial que el nuevo modelo de financiación asegure “como mínimo” el principio de ordinalidad, es decir, que Cataluña reciba financiación en proporción a los recursos que aporta al Estado, sin perder posiciones en el reparto.
Además, el nuevo sistema debería tener en cuenta el mayor costo de vida en Cataluña en comparación con otras regiones de España, ha precisado el titular de la patronal.
Santacreu ha sostenido que es necesario “aprovechar este momento” para negociar un nuevo modelo de financiación y también ha instado a las administraciones a llevar a cabo una “reforma radical de la administración pública” para mejorar su eficiencia.
La ley catalana de cámaras
Santacreu ha señalado que la ley catalana de cámaras debería haberse promulgado durante el mandato anterior y ha abogado por su aprobación en la nueva legislatura.
Además, ha argumentado que estas instituciones necesitan financiamiento público reconocido en la ley para respaldar sus funciones estructurales, como se establece en la legislación estatal, que atribuye a las cámaras la representación, promoción y defensa de los intereses comerciales, industriales, de servicios y de navegación, así como la prestación de servicios a las empresas correspondientes.
Durante el mandato anterior, la Cambra ya dialogó con el Gobierno y los principales grupos parlamentarios sobre el contenido de la futura ley. Santacreu ha dicho que espera que el proceso parlamentario para aprobar la nueva normativa comience en septiembre y pueda completarse durante esta legislatura.
Asimismo, ha destacado que las cámaras tienen asignadas por ley funciones de asesoramiento y consulta a las administraciones públicas, lo que implica un costo.
Por lo tanto, ha insistido en que la normativa catalana debe garantizar, especialmente para las entidades más pequeñas, un financiamiento público mínimo para llevar a cabo estas tareas.