Bustinduy confirma que la Ley de Familias iniciará su tramitación a partir del texto de Belarra

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, confirmó que el Gobierno tiene la «intención» de dar comienzo a la tramitación de la Ley de Familias «en las próximas semanas» -en todo caso, «a lo largo del mes de febrero»- y que el nuevo texto «partirá» de la redacción del documento remitido al Congreso de los Diputados en marzo de 2023 por el gabinete de su predecesora, Ione Belarra, que decayó por la convocatoria de elecciones.

Así lo precisó Bustinduy en el transcurso de una entrevista concedida a Servimedia en la que puntualizó que su departamento ha adoptado la decisión de «partir» en el proceso de tramitación del texto «de la anterior legislatura» por una «razón de economía de los tiempos».

Esto es «para no tener que iniciar otra vez» un proceso que, según sus cálculos, «podría prolongarse durante un año o un año y medio», si bien prevé «utilizar» el procedimiento de elaboración de enmiendas con los grupos parlamentarios para «poder modificarlo, ampliarlo e incorporar toda una serie de medidas adicionales» que aparecen «reflejadas» en el acuerdo de Gobierno.

Tras defender que la nueva norma «será un hito en la protección social en España», estimó que «va a colmar» un «déficit» de las políticas públicas en lo que respecta a la «protección» de las familias.

En este sentido, recordó que «lo primero que va a hacer» el futuro reglamento será «reconocer por ley, en la ley, lo que ya es una realidad en el país», ya que va a «garantizar» la «protección jurídica igual a todos los tipos de familias» que existen en España y «va a acabar con esa idea de que existen unas familias normales y otras que no lo son». «Va a establecer que todas las familias tienen igualdad de derechos», advirtió.

A este respecto, avanzó que, «en lo concreto», implicará «una gran equiparación de derechos» entre parejas de hecho y matrimonios «convencionales» al tiempo que pretende «redoblar» la «protección» a las familias monomarentales.

Discapacidad

Por su parte, en lo referido al ámbito de la discapacidad, el titular de Derechos Sociales explicó que la Ley de Familias «va a actuar en un doble sentido», ya que, subrayó, «en primer lugar, va a reconocer derechos para las familias que cuentan con miembros con discapacidad».

«Pero también, cumpliendo los mandatos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, va a reconocer el derecho de las personas con discapacidad a fundar una familia, a formar una familia», valoró.

Presupuesto

En este punto, consideró que la normativa «debe tener un importante acompañamiento económico» en lo referente, además, a la «ambiciosa agenda» de «extensión» de los permisos familiares que el Gobierno quiere que «lleve aparejada».

El ministro admitió que estos aspectos ya están «en discusión» en el marco de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado para el año en curso y dijo «esperar» que el proyecto «cuente con los medios, los recursos y la financiación necesaria» para poder «aterrizar en la práctica» el objetivo pretendido de que «sea un hito en la protección social en España» y que, «por fin», los poderes públicos «acompañen» a las familias «dotándolas de apoyos, de recursos y de un acompañamiento efectivo».

Durante su primera intervención como titular de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 en la comisión del ramo de la Cámara Baja, la pasada semana, Bustinduy defendió que dicha normativa «servirá» para abordar la situación de las familias en España, que juzgó «una necesidad urgente».

En la misma línea, calificó como «retos de país que es fundamental abordar de inmediato» el reconocimiento jurídico de la «diversidad familiar» que hay en España y la «infrafinanciación estructural de la protección social a las familias y la infancia».

Tres objetivos principales

Los «tres objetivos principales» de la nueva legislación son, a su entender, «apoyar y proteger a las familias con el foco puesto en la lucha contra la pobreza infantil, reconocer la diversidad familiar e impulsar la conciliación».

En este contexto, apostó por «trabajar» para «ampliar» la deducción por maternidad «hasta los seis años ampliando su cobertura». «Es un objetivo inmediato, parcial, insuficiente, pero necesario», añadió, convencido de la «absoluta necesidad y urgencia» de adoptar una prestación universal por crianza.

Según su punto de vista, «es una excepción incomprensible en Europa que España no tenga prestación de estas características» y, por ese motivo, «será prioridad» de su trabajo al frente de la cartera de Derechos Sociales «dar todos los pasos necesarios para resolver esa anomalía».

Asimismo, reivindicó la importancia de «garantizar el apoyo a todas las familias, sean como sean, provengan de donde provengan» y, por lo que se refiere a la conciliación, insistió en la idoneidad de ampliar los permisos de paternidad y maternidad de 16 a 20 semanas y de retribuir el permiso para el cuidado de hijo a cargo hasta los ocho años de forma progresiva.

Ir más allá

No obstante, señaló que el Ejecutivo busca ir «más allá» con el fin de que las familias estén «acompañadas por profesionales durante los primeros años de edad de los niños», mediante el «impulso» de medidas como la educación de 0 a 3 años y la articulación de un «marco común de atención temprana».

Ya en el mes de diciembre, el titular de Derechos Sociales afirmó que una de sus «prioridades» para este año será aprobar «con celeridad» la Ley de Familias y anunció que el Gobierno pondrá en marcha medidas «fundamentales» como la retribución de los permisos parentales, que ofrecerán a padres y a madres el derecho a tener esas ocho semanas de permiso por hijo durante sus primeros ocho años de vida, de las cuales se empezarían a remunerar la mitad.

Ley de Belarra

El texto en el que se basará el nuevo reglamento pretendía, por ejemplo, «culminar prácticamente» la «equiparación» entre los matrimonios y las parejas de hecho, garantizando que estas últimas tendrían acceso a los 15 días de permiso por registro «equiparables» al matrimonio.

En cuanto al derecho a la conciliación, establecía un permiso de cuidado de cinco días al año, que se podría utilizar en caso de accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que necesitase reposo, tanto de un familiar hasta 2º grado como de un conviviente, y un permiso parental no retribuido de ocho semanas, que podría disfrutarse de forma continua o discontinua, a tiempo completo o parcial, hasta que el menor cumpliese ocho años.

Junto a ellos, abogaba por garantizar un tercer nuevo permiso «por causa de fuerza mayor», que se distribuiría por horas y podría alcanzar en total hasta cuatro días al año y que, al igual que los dos anteriores, fue incluido en el decreto de medidas anticrisis frente a las consecuencias de la Guerra en Ucrania.

Por último, en relación al apoyo a la crianza, la norma buscaba también «extender de manera estructural» la renta crianza de 100 euros al mes a las familias con hijos hasta los tres años.