Bolaños muestra su «rechazo absoluto» al presunto cobro de comisiones del caso Koldo

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, mostró este jueves su «rechazo absoluto» al presunto cobro de comisiones por la venta de mascarillas por el que está siendo investigado Koldo García, exasesor del exministro y diputado del PSOE José Luis Ábalos.

Bolaños se refirió a este asunto en la Comisión Constitucional del Congreso, donde compareció esta jornada para dar cuenta de sus planes de legislatura para el departamento de Presidencia.

Al ser preguntado por la diputada Cayetana Álvarez de Toledo por la causa sobre las mascarillas en la que está siendo investigado Koldo García, el ministro expresó su «rechazo absoluto» al «comportamiento irregular» o «supuestamente corrupto» que se pueda haber producido.

Sostuvo que «la política es exactamente lo contrario» y que «si tiene que caer el peso de la ley sobre quien haya sido culpable, que caiga». Subrayó este rechazo del PSOE a cualquier práctica corrupta asegurando que este partido no destruye «pruebas a martillazos», en clara alusión a lo que sucedió en el PP en el marco del ‘caso Bárcenas’.

«Transacción corrupta»

En su intervención, Bolaños defendió la conveniencia de la ley de amnistía y se mostró convencido de que el PP defenderá las «bondades» de la misma en el futuro, una vez que sea puesta en marcha y comprobado sus efectos en favor de la «reconciliación» en Cataluña.

Por otra parte, el ministro salió en defensa del juez García-Castellón tras tildarle de «deshonesto» la diputada de Junts Marta Madrenas y el de ERC Francesc-Marc Álvaro i Vidal. El titular de Justicia rechazó las «ofensas» a los jueces, ya que sus decisiones pueden ser recurridas.

En cuanto a un eventual referéndum en Cataluña, señaló que el Gobierno no va a apostar «por soluciones divisivas», sino por «decisiones transversales». Además, sostuvo que el actual Ejecutivo defiende reforzar el «autogobierno» de las autonomías, pero que para cambiar la organización territorial del Estado hace falta un «gran consenso».

Por su parte, la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo se refirió a la amnistía como una «transición corrupta» del presidente, Pedro Sánchez, para mantenerse en La Moncloa. Añadió que los populares consideran que este perdón de los independentistas catalanes es «inaplicable» desde el punto de vista legal, por lo que no podrá ser llevado a la práctica por los jueces.

«Privatizaciones escandalosas»

Por su parte, Lourdes Méndez Monasterio, de Vox, reprochó al Ejecutivo que esté eludiendo los «graves problemas» de España, como los que tienen los ganaderos y agricultores, para centrarse en aprobar una amnistía con tal de seguir en el poder.

Asimismo, Gerardo Pisarello, de Sumar, demandó que el Gabinete de Sánchez trabaje esta legislatura en aspectos como «blindar mejor los servicios públicos para evitar privatizaciones escandalosas en materia de sanidad o de educación», como sostuvo que está haciendo en Madrid la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

Al mismo tiempo, Marta Madrena, de Junts, tildó de «juez deshonesto» al instructor Manuel García-Castellón, tras conocerse que hace cuatro meses dijo en un encuentro público que hace años mintió a las autoridades francesas para que dieran información contra la banda terrorista ETA.

Asimismo, Francesc-Marc Álvaro Vidal, de ERC, abogó por reformar la Constitución para resolver el «conflicto largo y político» que defendió que existe en Cataluña y que estimó que no es meramente un «problema de convivencia». Apuntó que este reto debe afrontarse con una modificación de la Carta Magna, que sostuvo que «no puede solemnizarse ni santificarse».