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El PSC impone de nuevo en Barcelona un ruptura de las relaciones con Israel
El texto solicita que esta interrupción se mantenga "hasta que exista un alto al fuego definitivo"
El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. EFE/ Quique García
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Barcelona vuelve a las andadas con el permiso del PSC. El pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado este viernes una declaración institucional por la que el consistorio interrumpe las relaciones con el actual gobierno de Israel «hasta que exista un alto el fuego definitivo y se garantice el respeto a los derechos básicos del pueblo palestino». De esta forma, el alcalde Jaume Collboni vuelve a posicionar el conflicto con Israel tras el apaciguamiento que se dio con la salida de Ada Colau.
A iniciativa de Barcelona en Comú (BComú), con el apoyo del gobierno (PSC) y de ERC y la oposición de JxCat, PP y Vox, el pleno ha instado este mediodía a que el Ayuntamiento de Barcelona interrumpa las relaciones institucionales con el actual gobierno de Israel, liderado por Benjamin Netanyahu.
Colau decidió suspender las relaciones con Israel
En febrero de 2023, Ada Colau, entonces alcaldesa, decidió suspender temporalmente las relaciones con el Estado de Israel y el hermanamiento con Tel-Aviv, pero en setiembre, en una de sus primeras decisiones como alcalde, Jaume Collboni las retomó.
«Hasta que exista un alto al fuego definitivo, y no se garantice el respeto a los derechos básicos del pueblo palestino y el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas respecto al conflicto entre Israel y Palestina, se interrumpen relaciones institucionales con el actual gobierno de Israel», recoge el texto aprobado.
El texto solicita que esta interrupción se mantenga «hasta que exista un alto al fuego definitivo, y se garantice el respeto a los derechos básicos del pueblo palestino y el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas respecto al conflicto entre Israel y Palestina».
La declaración aprobada «rechaza y condena los ataques contra la población civil, tanto israelí como palestina, así como cualquier acción constitutiva de un castigo colectivo, como el desplazamiento forzoso de población, la destrucción sistemática de viviendas y de infraestructuras civiles o el bloqueo del suministro de energía, agua, alimentos, suministros médicos y medicinas a la población de la Franja de Gaza».
Además, se ha reclamado que el alto el fuego de cuatro días recién acordado se convierta en un alto el fuego permanente y definitivo, así como el cese de la violencia contra la población civil palestina de Cisjordania y la liberación incondicional y segura de los rehenes tomados por Hamás.
También, el establecimiento de corredores humanitarios que garanticen a la población civil palestina de la Franja de Gaza la llegada de suficiente combustible, alimentos, agua, medicinas, suministros y equipamientos médicos y el establecimiento de garantías de regreso a la población civil desplazada por la ofensiva aérea y terrestre israelí sobre la Franja de Gaza.
El ayuntamiento afirma que «la ocupación y la colonización de los territorios palestinos» y la «negación de derechos» a los palestinos son los principales obstáculos para la consecución de una paz que sea duradera.
