Baleares insta al Gobierno modificar leyes para clausurar pisos turísticos ilegales

Marta Vidal, consejera de Vivienda, Territorio y Movilidad del Gobierno de las Islas Baleares, ha pedido este viernes que el Gobierno central haga cambios en la legislación para clausurar los 8.700 alojamientos turísticos ilegales que hay en la comunidad autónoma.

Es lo que ha señalado al finalizar una conferencia sectorial en la que han participado el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, y las comunidades autónomas, con motivos de abordar el impacto de los alojamientos turísticos en la vivienda residencial.

Vidal ha resaltado que el término ‘alegal’ debe utilizarse para las casas turísticas sin licencia, acusándolos de causar un «problema muy importante».

Ha comentado que ya le pidieron ayuda al Estado en materia legal para «poder proceder a la clausura de los pisos turísticos que se alquilan ilegalmente», que constituyen una mayoría respecto a los pisos con licencia.

Por otro lado, Vidal ha comentado que no se va a declarar zonas de mercado tensionado así hayan presiones «por todos lados», al igual que han implementado un programa para facilitar la salida del mercado de hasta 3.000 viviendas para el alquiler, de un total de 100.000 inmuebles vacíos en las Islas Baleares por la «inseguridad jurídica».

Apoyo a la petición de mayor seguridad jurídica

Pablo Rodríguez, consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad de Canarias, ha respaldado la plataforma del consejo presidido por Isabel Rodríguez para guardar los datos sobre pisos turísticos. También ha criticado que hay más de 210.000 viviendas vacías por la falta de «seguridad jurídica» y por el miedo a la okupación.

Rodríguez ha resaltado que en el encuentro se cuestionó mucho la Ley de Vivienda, uniéndose al reclamo de modificar las leyes.

Por su parte, la directora general de Vivienda de la Junta de Castilla y León, María Pardo, ha afeado al Ejecutivo de Sánchez la falta de claridad sobre el orden del día de la reunión, mostrando su apoyo al desarrollo del reglamento europeo.

Ha insistido en que se aborden cuestiones como la reciente sentencia del TC sobre la Ley de Vivienda y organizar una nueva reunión sectorial para tratar el nuevo Plan Estatal de Vivienda y las consecuencias de la falta de seguridad jurídica en la proliferación de las viviendas turísticas.

Controlar parcialmente

El consejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ha compartido esta visión de «regularizar» este tipo de viviendas, pero sin «delimitar» su número.

«Lo que tienen que hacer las administraciones públicas es intentar por todos los medios regularizar, nunca intervenir, este tipo de viviendas», ha sentenciado, precisando que son una «actividad económica»