Ayuso tiende la mano a Illa para pactar medidas conjuntas tras el varapalo judicial

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha tendido la mano al gobierno de España para pactar cuanto antes unas nuevas medidas sanitarias tras el varapalo judicial, que ha dejado sin efecto el confinamiento impuesto por el Gobierno de Pedro Sánchez. 

«Desde la Comunidad de Madrid proponemos retomar el diálogo«, ha insistido en una rueda de prensa. Ayuso ha emplazado a Sánchez a volver al clima de «ayuda» que surgió del pacto en la Puerta del Sol y que la nueva situación no vuelva a generar inestabilidad jurídica: «Pedimos hacer las cosas con tiempo y forma». 

Ayuso también se ha abanderado de las reivindicaciones de los negocios del sector servicios: «Los comercios de Madrid ya no pueden más. El sector hostelero, las tiendas, los autónomos, nadie entiende las normas y no sabe qué hacer. Les pido de nuevo medidas sensatas, justas y que se cumplan».

El gobierno regional ha emplazado a Sánchez e Illa el continuar consensuando medidas sin prisas, sin «imposiciones», con una normativa «sencilla y clara». Además, para evitar más confusión jurídica ha decidido retirar el recurso interpuesto ante la Audiencia nacional para no «complicar aún más» la situación. 

La justicia desautoriza a Illa con el cierre de Madrid

La comparecencia de Díaz Ayuso se ha realizado a las 14:45h, después de conocerse el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra el cierre de la Comunidad de Madrid decretado por Salvador Illa. La Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha denegado la ratificación de las restricciones en algunos de los municipios de la región por considerar que se veían afectados los derechos y las libertades fundamentales.

En la resolución, los magistrados han insistido en que se encuentran ante un marco legal que difiere del que ya ratificó sobre las restricciones que se aprobaron entre el 24 de septiembre y el 1 de octubre en 45 zonas sanitarias, ya que ahora se trata de un mandato del ministerio. En esta ocasión, estas nuevas medidas, que suponen el cierre de Madrid y otros nueve municipios de la región, no pueden ser ratificadas porque se trata de un mandato que viene del ministerio.

“Los derechos fundamentales que la Constitución atribuye a los ciudadanos no pueden verse afectados por ninguna injerencia estatal no autorizada por sus representantes mediante una disposición con rango de Ley, que reúna las condiciones mínimas suficientes requeridas por las exigencias de seguridad jurídica y certeza del derecho». Es decir, estas normas no están autorizadas por las Cortes Generales.