Ayuso pesca en el río revuelto de Muface y los funcionarios para confrontar con Óscar López

La entrada del ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, en la vida política madrileña como nuevo secretario general del PSOE regional ha metido de lleno a los funcionarios en la liza política. Los empleados públicos son el ‘talón de Aquiles’ de la cartera de López, hasta septiembre fontanero de Moncloa, y la presidenta de la Comunidad de Madrid va a usarlos para confrontar.

«Desde la Comunidad de Madrid quiero dar tranquilidad y asegurar a todos los funcionarios de la Administración General del Estado y a sus familias de esta región si finalmente son abandonados, este Gobierno se hará cargo dándoles la cobertura que merecen, y que hasta ahora no han tenido o están perdiendo en 2024″, dijo la líder regional, Isabel Díaz Ayuso, durante su balance de fin de año.

López, que dio el salto desde la jefatura de gabinete de Pedro Sánchez a la cartera que ocupaba José Luis Escrivá, era consciente de que no iban a ser las ‘telecos’ su principal quebradero de cabeza, a pesar de estar, entonces, la entrada de la saudí STC en Telefónica pendiente de un desenlace.

El departamento de Función Pública, con tres millones de empleados de las Administraciones, es siempre un avispero y, durante el Gobierno el Sánchez, hasta seis ministros han tenido responsabilidad sobre la cartera: Meritxell Batet (2018-2019), Carolina Darias (2020-2021), Miquel Iceta (2021), María Jesús Montero (2021-2023), José Luis Escrivá (2023-2024) y, ahora, el propio López.

El conflicto de Muface ha estallado coincidiendo con la crisis del PSOE madrileño, con la salida de Juan Lobato de su dirección y la llegada de López para hacerse cargo de la federación.

En Sol, conscientes del desgaste que supone para López esta medida y del elevado número de empleados públicos en la Comunidad, han decidido aprovechar y hacer dos por uno: cargar contra Pedro Sánchez y contra López, como potencial candidato en unas elecciones autonómicas contra el PP que lidera Díaz Ayuso.

«El Gobierno central, preso de la ideología y de sus peleas internas, ha ido debilitando el cuadro médico y los servicios que prestaban desde Muface a los funcionarios», acusó la presidenta madrileña.

Varios colectivos de empleados públicos ya muestran abiertamente su preocupación ante la situación de este seguro. Fedeca, que agrupa a 40 asociaciones de la élite funcionarial del Estado, publicó este lunes un comunicado ante la potencial salida de dos de las aseguradoras que cubren al 60% de los cubiertos por Muface: Adeslas, con su retirada ya anunciada, y las dudas de DKV.

«La incertidumbre que causa la no renovación del concierto, cuando incluso ya se aboca irremediablemente a la prórroga del contrato, se está traduciendo en problemas de asistencia para funcionarios que están en tratamiento o padecen una grave enfermedad, y en especial para todos aquellos que se encuentran en el Exterior», aducen desde la asociación.

La situación de Muface va a dar un amargo fin de año al ministro para la Transformación Digital. La subida de un 33,5% de la prima media no ha sido suficiente para convencer a las aseguradoras. Adeslas, que cubre a prácticamente la mitad, ha decidido no presentarse a este concierto, ya que le generaría unas pérdidas de hasta 250 millones de euros entre 2025 y 2027, según sus cálculos.

Mientras, Asisa y DKV deshojan la margarita y aún no han tomado ninguna decisión con respecto a presentarse o no a la licitación para prestar asistencia sanitaria a los funcionarios de Muface. Las empresas tienen de plazo hasta el día 15 de enero.