Ayuso anuncia una ley regional para recaudar el impuesto a las grandes fortunas tras la decisión del TC

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado hoy que el Gobierno regional aprobará una nueva ley que permita la recaudación del impuesto a las grandes fortunas en la región. Este anuncio llega después de que el Tribunal Constitucional (TC) avalara el impuesto en una decisión emitida este martes.

En declaraciones a los periodistas durante la inauguración de la exposición ‘El Muro de Berlín. Un mundo dividido’ en la Fundación Canal, Ayuso destacó la importancia de que «esa recaudación quede en manos del contribuyente madrileño» y se devuelva a los contribuyentes. Según sus palabras, la nueva ley se presentará «lo antes posible» para lograr este objetivo.

La presidenta madrileña afirmó que esperaban un resultado favorable, ya que este impuesto ha causado daños significativos en otros países donde se ha aplicado. «Nosotros esperábamos que prosperase porque, además, ha ocurrido así en otros países, que donde se ha aplicado ha causado daños enormes», ha dicho.

Además, Ayuso argumentó que «esta medida atenta contra la autonomía fiscal de Madrid» y anunció que continuarán defendiéndola.

La mandataria también expresó su sorpresa por la disparidad de criterios en cuanto a la independencia de las comunidades autónomas en materia fiscal y destacó que este impuesto recauda aproximadamente el 90% en Madrid, afectando al patrimonio, el trabajo y el esfuerzo de los contribuyentes madrileños. «Evidentemente, no vamos a quedarnos parados», enfatizó.

«No supone una invasión del Estado»

La votación se ha saldado con una mayoría progresista del Pleno, que ha aprobado por 7 votos contra 4 la ponencia, según fuentes de Efe. A juicio del Constitucional, la creación de dicho impuesto, ideado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no supone una invasión del Estado en las competencias autonómicas.

El impuesto a los ricos de Montero, que ha entrado en vigor este año y se mantendrá hasta 2024, afecta a los patrimonios netos superiores a 3 millones de euros, se devenga el 31 de diciembre de cada año y la presentación de la declaración se produce entre el 1 y el 31 de julio.