Así es la Ley de Amnistía pactada con Puigdemont y ERC: borrón desde el 1 de enero de 2012 hasta hoy

Borrón y cuenta nueva. La Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña -así la han denominado- ya ha visto la luz y abarcará «los actos que hayan sido declarados o estuvieran tipificados como delitos o como conductas determinantes de responsabilidad administrativa o contable» vinculados a las consultas ilegales del 9 de noviembre de 2014 y el 1 de octubre de 2017, y que hubieran tenido lugar entre el 1 de enero de 2012 y el 13 de noviembre de 2023.

El borrador de la Ley, al que ha tenido acceso ECONOMÍA DIGITAL, elimina de un plumazo la década de pulso independentista mediante 16 artículos y dos disposiciones adicionales y una final, que se desarrollan a lo largo de 23 folios con una larga exposición de motivos donde se relata todo lo acontecido entre el 9 de noviembre de 2014 y 2017, el ámbito de aplicación de la norma.

El perímetro de la norma que ha pactado el PSOE junto con los partidos independentistas Junts y ERC «abarca no solo la organización y celebración de la consulta y el referéndum, sino también otros posibles ilícitos que guardan una profunda conexión con los mismos». Entre ellos, la preparación, las protestas para su organización o incluso «la oposición al procesamiento o condena de sus responsables», donde se incluirían los actos desarrollados por el Tsunami Democrátic.

Excluidos los delitos de terrorismo

El prolijo artículo 1 de la ley detalla cuáles serán los actos amnistiados, entre los que se encuentran la usurpación de funciones públicas o de malversación «dirigidos a financiar, sufragar o facilitar» la realización de las consultas, los actos de desobediencia, desórdenes públicos o atentado contra la autoridad, incluido la obstrucción a la Policía para investigar las responsabilidades penales durante la década del procés.

En su artículo 2, la ley define con claridad qué delitos estarían excluidos de su aplicación: los actos que hubieran resultado en muerte o lesiones, los delitos de torturas y de terrorismo, los de traición, los que afectasen a los intereses financieros de la UE o, incluso, los delitos de odio que tuvieran lugar en el marco de estas protestas.

Además, el texto especifica la extinción de todas las responsabilidades derivadas de todos los delitos encuadrados en la norma, con todo lo que ello conlleva: puesta en libertad y eliminación de antecedentes para los condenados, dejar sin efecto las órdenes de búsqueda y captura y también de las medidas cautelares en el marco de las investigaciones judiciales. Con todo, los condenados no podrán reclamar una indemnización al Estado y tampoco la restitución de las multas.

La Ley de Amnistía, «un paso necesario»

Los grupos defienden la ley como «un paso necesario» para superar las tensiones en Cataluña, un conflicto que ha provocado «la desafección que mantiene alejada de las instituciones estatales a una parte de la población». «Al asumir las Cortes Generales esta decisión de política legislativa, no solo no invaden otros espacios, sino que, muy al contrario y en uso de sus competencias, asumen la mejor vía de las posibles para abordar, desde la política, un conflicto político», reconoce el texto. «Con la aprobación de esta ley orgánica, por tanto, lo que el legislador pretende es excepcionar la aplicación de normas vigentes a unos hechos acontecidos en el contexto del proceso independentista catalán en aras del interés general, consistente en garantizar la convivencia dentro del Estado de derecho, y generar un contexto social, político e institucional que fomente la estabilidad económica y el progreso cultural y social tanto de Cataluña como del conjunto de España, sirviendo al mismo tiempo de base para la superación del conflicto político», detalla.

Encaje constitucional

La proposición de ley defiende también que las leyes de amnistía se han utilizado en numerosos países europeos, una manera de argumentar a favor de un texto que el propio Gobierno -con su presidente en funciones, Pedro Sánchez, a la cabeza- ha tachado en numerosas ocasiones de inconstitucional. Ahora, el propio texto recoge que se encuentra encuadrada en la Carta Magna y, además, que su adopción parte de conseguir un «interés superior: la convivencia democrática».

«La Constitución no prohíbe la institución jurídica de la amnistía, sino solo una manifestación concreta del derecho de gracia, como son los indultos generales, que cuentan con una naturaleza jurídica muy diferente a la que es propia de una ley orgánica de amnistía, al ser el indulto una prerrogativa del Poder Ejecutivo», sostiene la norma.

El borrador, que será registrado en breve en el Congreso de los Diputados, contará con las firmas de todos los grupos parlamentarios que sostendrán la investidura de Sánchez, cuyo debate tendrá lugar el miércoles y jueves de esta semana. El texto completo se puede consultar en el documento bajo estas líneas.