Artur Mas se juega su casa ante el Tribunal de Cuentas
El Tribunal de Cuentas inicia este miércoles el juicio contra Artur Mas y tres de sus consejeros por los cinco millones de euros que costó el 9-N
Artur Mas vuelve este miércoles a juicio. Esta vez en el Tribunal de Cuentas. No se juega penas de prisión, ni de inhabilitación, sino tan sólo dinero y, quizás, su propia casa. Se le juzga por los gastos de la consulta soberanista del 9 de noviembre (9-N) de 2014 que fue prohibida por el Tribunal Constitucional.
También se juzga a la que fue su vicepresidenta, Joana Ortega, a dos de sus exconsejeros, Irene Rigau y Francesc Homs, así como a altos cargos del gobierno de la Generalitat en la etapa del presidente Mas.
La fiscalía, la Abogacía del Estado y las entidades que presentaron la denuncia –Sociedad Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución– reclaman que los acusados abonen de su bolsillo los 4.995.918 euros que la Generalitat pagó por el 9-N.
El juez les impuso en su momento una fianza de 5,27 millones de euros. Mas aportó 2,9 millones de euros, que fueron sufragados por la Asamblea Nacional Catalana (ANC), pero quedaron pendientes otros 3,2 millones. Por este motivo se les embargaron diversos inmuebles.
Para cubrir la fianza, a Mas se le embargó su vivienda familiar de la calle Tuset de Barcelona. A Homs, la mitad de su residencia en Taradell (la otra mitad es de su esposa). A Rigau, una finca en Ribes de Fresser (Girona). Y a Ortega, su vivienda de Barcelona.
Mas, Ortega y Rigau fueron juzgados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por desobedecer al Tribunal Constitucional al permitir el 9-N. A Mas se le impuso dos años de inhabilitación; a Ortega, un año y nueve meses, y a Rigau, un año y seis meses. Por su parte, Homs fue juzgado por el Tribunal Supremo porque en aquel momento era diputado en el Congreso. Por los mismos hechos, recibió una pena muy inferior a la del resto: 13 meses de inhabilitación, también por el delito de desobediencia.
Homs descubre sus cartas
El actual presidente de la Generalitat, Quim Torra, repescó en julio pasado a Homs como miembro de la comisión jurídica-asesora del gobierno catalán. Homs insiste en que no se les puede atribuir responsabilidades contables porque tanto el TSJC como el Supremo descartaron el delito de malversación de caudales públicos. Asegura que el proceso que se dirime el Tribunal de Cuentas “no tiene recorrido”.
Manuel Miró, abogado de la acusación en representación de SCC, mantiene todo lo contrario. Los acusadores recuerdan que los juicios penales a los que se sometieron los acusados fueron por desobedecer al Constitucional, mientras que ahora se les reclama contablemente el dinero público que fue a para a una consulta ilegal.
Una vez que el Tribunal de Cuentas dicte sentencia, las partes pueden apelar ante esta misma instancia. Finalmente, todavía queda la posibilidad de recurrir al Supremo. Por este motivo, todavía faltan muchos meses para el desenlace final.
