Artur Mas vuelve a juicio
El Tribunal de Cuentas inicia este miércoles el juicio contra Artur Mas y tres de sus exconsejeros por la consulta soberanista de 2014
El Tribunal de Cuentas inicia este miércoles el juicio contra el expresidente de la Generalitat Artur Mas y los exconsejeros Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau por su supuesta responsabilidad en el desvío de fondos públicos para la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014.
El juicio se alargará hasta el jueves. Mas y sus exconsejeros se sentarán de nuevo en el banco de los acusados a raíz de las demandas interpuestas por Sociedad Civil Catalana (SCC), Abogados Catalanes por la Constitución y la Abogacía del Estado.
La declaración de Mas y los exconsellers tiene lugar un año después de que el Tribunal de Cuentas impusiese una fianza para el expresident de 5,2 millones de euros. Mas no abonó la totalidad de este importe y, por este motivo, se embargaron sus bienes. La fiscalía reclamará el pago íntegro de este importe con los correspondientes intereses.
El Tribunal dividió el coste del 9-N en varios bloques y asignó una partida económica de responsabilidad a cada uno de los exmiembros del gobierno de la Generalitat, si bien a Mas se le considera «máximo y último responsable».
Francesc Homs se defiende
Este lunes, el exconsejero de Presidencia Francesc Homs calificó de «sorprendente» que el Tribunal de Cuentas les lleve a juicio por responsabilidades contables cuando ya hay condena por esos mismos hechos. Homs insiste en que no se pueden atribuir responsabilidades contables al gobierno de Mas en el juicio del 9-N si tanto el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) como el Tribunal Supremo descartaron que se cometiera un delito de malversación de caudales públicos.
«Nos vuelven a juzgar por lo que ya nos juzgaron y condenaron», insistió Homs. Este asegura sentirse «muy tranquilo» porque, en su opinión, «no hay recorrido posible» en el proceso del Tribunal de Cuentas.
Un total de ocho multinacionales fueron contratadas por la Generalitat de Cataluña para brindar sus servicios durante el referéndum ilegal del 9-N, con facturas que juntas superan cobros de cuatro millones de euros. T-Systems y Axa son algunas de las más destacadas, según un informe del fiscal jefe del Tribunal de Cuentas.
