Artur Mas arruina la caja de resistencia independentista
Artur Mas deposita otros 400.000 euros de fianza por el caso 9N, pero la cuenta abierta por la ANC y Òmnium no dan para cubrir los 2,4 millones que faltan
Artur Mas ha vaciado la caja de resistencia independentista. Este jueves depositó otros 400.000 euros en el Tribunal de Cuentas. Hasta la fecha, ha aportado 2,8 millones de euros de los 5,2 millones impuestos como fianza por los gastos de la consulta del 9 de noviembre de 2014. Sus abogados han solicitado una nueva prórroga de una semana para entregar los 2,4 millones que faltan. Si no le conceden u nuevo plazo o no cubre el importe en su integridad, se embargarán no sólo los bienes de Mas sino también los de los de los otros condenados por el caso del 9N: Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs.
En declaraciones a Radio Esukadi, Mas asegura que estos fondos proceden de la caja de resistencia que en mayo pasado organizó la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural. Al frente de estas entidades estaban Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, que este jueves han cumplido su primer mes de cárcel preventiva en el presidio de Soto del Real (Madrid).
Fuentes de la ANC precisan que esta “caja de resistencia” es una cuenta corriente en la que miles de ciudadanos realizan aportaciones voluntarias para hacer frente a las “agresiones del estado” contra dirigentes independentistas. Nunca han facilitado datos del estado de la cuenta por lo que se refiere a ingresos y salidas.
Esta cuenta está supervisada por un “equipo auditor” integrado por dos miembros de la ANC, otros dos de Òmnium y por tres expresidentes del parlamento catalán: Joan Rigol (1999-2003), Ernest Benach (2003-2010) y Núria de Gispert (2010-2015). Esta última es ahora protagonista de una polémica por invitar a Inés Arrimadas, candidata de Ciudadanos, a regresar a Cádiz.
Lista de pagos
Hasta el momento, supuestamente han salido de esta cuenta los 2,8 millones de euros correspondientes a una parte de la fianza impuesta por el Tribunal de Cuentas a los condenados por el 9N. Otros 90.000 euros de la multa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) a tres de estos condenados (dejó fuera a Homs, que fue juzgado por el Tribunal Supremo). Y los 250.000 euros de la fianza fijada por el Supremo a los miembros de la mesa del parlamento catalán: 150.000 euros para Carme Forcadell y 25.000 para Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó y Ramona Barrufet.
La caja de resistencia no da para tantos pagos. Los condenados por el 9N suplican un nuevo plazo al Tribunal de Cuentas para completar la fianza. Sus abogados han intentado que la cubriese la póliza del seguro contratado por la Generalitat, pero SegurCaixa se ha desentendido. Esta compañía también dejó al gobierno de Carles Puigdemont y al parlamento catalán sin seguro antes de declarar la independencia por el “agravamiento del riesgo”.
Tasación de inmuebles
Los abogados de los condenados del caso 9N tampoco han conseguido un aval por parte de los bancos que han trasladado su sede fuera de Cataluña. Como última opción, si la caja de resistencia no da para más, han encargado la tasación de los inmuebles de su propiedad.
Desde la ANC y Òmnium se hacen llamadas a colaborar con la caja de resistencia. El ministerio de Cristóbal Montoro vigila de cerca estos movimientos. Si se realizan en concepto de multas o fianzas, sólo se pueden realizar en nombre del interesado. Por lo tanto, se tratarían de donaciones que deberían tributar el correspondiente impuesto. El tipo mínimo sería del 7%.
No se facilitan datos del importe total que ha salido de la llamada caja de resistencia. Sin embargo, en la próxima asamblea ordinaria de la ANC se rendirán cuentas de la entidad y, previsiblemente, de la gestión de la caja de resistencia.
La ANC elegirá en enero a un nuevo presidente porque Jordi Sánchez se va con Carles Puigdemont
En esta asamblea también se elegirá al nuevo presidente después de que Jordi Sánchez haya dimitido para presentarse en la lista de Junts per Catalunya que lidera Carles Puigdemont. La renuncia de Sánchez ha provocado que el cónclave de la ANC, previsto inicialmente para marzo o abril, se avance a enero.
