Una asociación de jueces reclama que la Audiencia Nacional asuma la lucha contra el narcotráfico en Andalucía

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) propone una batería de reformas para mejorar la lucha contra las redes de narcotráfico que operan en el litoral andaluz, entre las que destaca la reclamación de que la Audiencia Nacional asuma la lucha contra estas organizaciones criminales, independientemente del lugar donde se cometan los delitos o el ámbito en el que actúen.

«Tras la terrible muerte de dos guardias civiles en Barbate, y analizando el mal endémico que los delitos de narcotráfico suponen no solo para los juzgados del Campo de Gibraltar, sino para todos los del litoral andaluz, entendemos que es el momento de tomar medidas ya», aseguró el portavoz de la AJFV, Sergio Oliva Parrilla.

Esta asociación judicial ha visto necesario elaborar un informe sobre la situación de la lucha contra el narcotráfico tras el asesinato de dos guardias civiles en el puerto de Barbate en el que se establece «una batería de medidas para evitar que se quiebre el Estado de Derecho en determinadas zonas de España».

El documento titulado «Informe Barbate: la situación de los juzgados en Andalucía Occidental», ha sido elaborado por un grupo de expertos de AJFV ante el aumento de la criminalidad en dicha zona, y hace una serie de propuestas para hacer frente a esta lacra.

El ‘Informe Barbate’ pide superar la estructura judicial que creó la Audiencia Nacional hace 47 años para que no sean juzgados mixtos, con competencias en Civil, Penal y Familia, los que tengan que investigar estos delitos y se vean «sobrepasados» ante la falta de recursos y el exceso de competencias.

«Nos encontramos ante verdaderas estructuras criminales», explica la Francisco de Vitoria, que hace hincapié en que ésta no es «una situación común donde los delitos son cometidos por varias personas a la vez en una provincia».

Entre las modificaciones legales que propone AJFV figuran la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Enjuiciamiento Criminal para lograr mayor agilidad en la fase de instrucción de todos los delitos sin pérdida de garantías de derechos y el aumento de recursos humanos y materiales en la lucha contra estas redes criminales.

Además, defiende la ampliación del complemento por especiales circunstancias del destino que ya perciben los jueces destinados en el País Vasco, Ceuta y Melilla, entre otros, o en su defecto, el establecimiento de un complemento de penosidad o peligrosidad «para todos aquellos que se dejan la piel, día tras día, en los juzgados de esta naturaleza», según palabras de Oliva.

«Lo que está en riesgo no solo es la existencia de zonas de impunidad, sino el prestigio de nuestro país y la imagen que trasladamos al exterior», explicó el portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria.

El informe recuerda que los sucesos de Barbate del pasado 9 de febrero sirven para constatar «hasta qué punto la carencia de medios materiales y personales puede acarrear consecuencias irrecuperables». Alerta también del «riesgo de que la delincuencia organizada se acabe imponiendo a la autoridad pública y determinados territorios se conviertan en lugares en que la impunidad frente al delito campe a sus anchas». El documento señala que «el honor, la valentía y el firme compromiso de servicio a la ciudadanía, sin unos medios adecuados, son manifiestamente insuficientes para luchar contra esta lacra social».

La AJFV apuesta por que sea la Audiencia Nacional la que se encargue de estos casos y no como muestra de una «justicia excepcional» sino como mecanismo para «extender su jurisdicción al conjunto del país». Así, se podría ocupar «desde la seguridad que ofrece una infraestructura personal y material propia de las grandes ciudades, de la investigación y enjuiciamiento de aquellos fenómenos delictivos que trascienden el ámbito competencial de un órgano jurisdiccional común».

Situación social

Pero la AJFV explica que no sólo las medidas judiciales o policiales tienen que tenerse en cuenta al analizar el problema y, en ese sentido, recuerda que la tasa de desempleo en Andalucía roza el 20%, mientras que en Barbate llega al 27%. En esa situación, el narcotráfico se convierte en una forma de vida «atractiva», una situación que quedó patente al comprobar que «algunos ciudadanos» jaleaban a los «presuntos narcotraficantes a cometer una gravísima agresión contra una dotación de la Guardia Civil con la dramática consecuencia del fallecimiento de varios de sus integrantes».

«El clima social», añaden, «puede voverse opresivo e irrespirable para los representantes del Estado de Derecho» que son «los encargados de velar por la seguridad, evitar la comisión de actuaciones que pudieran ser delictivas y, cuando estas se producen, remitir los asuntos a los juzgados para su investigación».

En ese sentido, el informe explica que la Audiencia Nacional se ocupa de los delitos de «mayor gravedad y relevancia social, como es el tráfico de drogas, pero siempre que sea cometido por bandas o grupos organizados y produzcan efectos en distintas provincias·», una regulación que «ha sido superada en el siglo XXI».

En poblaciones como Barbate sólo existen los juzgados mixtos, que resuelven causas complejas de narcotráfico, asuntos civiles, penales y de familia de acuerdo a un «mapa judicial que ancla sus raíces en el diseño de Planta y Demarcación del siglo XIX».

Enviando las competencias sobre estos casos a la Audiencia Nacional, se evitaría a los jueces de la zona «padecer el clima de opresión» descrito, favorecería la especialización, evitaría dilaciones indebidas en los procesos y el colapso de los órganos judiciales encargados de la investigación.

La AJFV recuerda que «ya hemos vivido situaciones parecidas con el terrorismo etarra en el pasado y tal solución se mostró efectiva» y además permitiría a los juzgados de la zona atender mejor el resto de asuntos. Este cambio, señalan, requeriría una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

La Francisco de Vitoria propone también la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para liberar al juez instructor de la resolución de recursos de reforma, al tiempo que se reserva la segunda instancia (recurso de apelación) para determinadas decisiones del instructor.

Asimismo, el informe contempla que se aplique un complemento salarial a los jueces que se hagan cargo de aquellos los destinos que puedan ser considerados de circunstancias especiales en atención al volumen de asuntos que tengan que ver con casos relacionados con una organización o grupo criminal, que muchas veces dan lugar a macro-causas que colapsan los juzgados.

Igualmente, la AJFV propone establecer un complemento de peligrosidad y/o penosidad en esas zonas que sean consideradas especialmente conflictivas. Finalmente, piden dotar de los medios personales y materiales suficientes para hacer frente a la «ingente cantidad de trabajo» que se tramita en estos juzgados. Sugieren, la puesta en marcha de comisiones de servicio para agilizar las causas, así como el refuerzo del número de Letrados de la Administración de Justicia.