El CGPJ asegura que la ley de amnistía es inconstitucional
La mayoría conservadora del órgano judicial ha respaldado el texto crítico con la amnistía redactado por el vocal Wenceslao Olea.
Vicente Guilarte, presidente del CGPJ. Foto EFE-Zipi
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El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha avalado este jueves el informe sobre la proposición de ley de amnistía redactado por el vocal del sector conservador Wenceslao Olea, que sostiene que la norma es inconstitucional al vulnerar, entre otras cuestiones, la separación de poderes y el principio de igualdad.
Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press informan que la decisión se ha adoptado por nueve votos a favor, cinco en contra y dos en blanco tras analizar dos informes divergentes sobre la amnistía solicitados por el Senado: el de Olea y el de la vocal Mar Cabrejas, del sector progresista. Cabrejas sostenía que la proposición de ley se ajusta a la Carta Magna, aunque destacaba la falta de concreción temporal y, en cuanto al terrorismo, la ausencia de una definición clara de lo que constituye una violación de los derechos humanos.
Según indican las fuentes, los dos votos en blanco han sido emitidos por el presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte, y el vocal Enrique Lucas.
El informe aprobado resalta que la proposición de ley no justifica su adecuación a los valores, principios y condiciones de la Constitución. Además, argumenta que ni la legislación vigente ni la doctrina del Tribunal Constitucional ni la jurisprudencia del Tribunal Supremo permiten afirmar que la amnistía esté reconocida en el Derecho español.
Por otra parte, critica que la proposición socava el derecho a la igualdad, ya que considera insuficiente y arbitrario el fundamento de la ley que podría justificar el trato discriminatorio.
Tampoco considera admisible que el Poder Legislativo pueda anular las decisiones judiciales, excepto en los casos expresamente autorizados por la Constitución, como los indultos particulares acordados por el Ejecutivo. Por ello, concluye que la ley vulnera también el principio de separación de poderes.
En cuanto a la tramitación parlamentaria, el informe argumenta que es arbitraria y no justifica su urgencia. Además, considera que no supera el juicio de constitucionalidad, ya que, dada su naturaleza de ley singular, no cumple con el requisito de que las causas que la motivan no sean arbitrarias.
El punto del terrorismo
Este informe también establece que la proposición de ley no delimita con la suficiente y exigible claridad el ámbito objetivo de la amnistía y advierte que la amplia indeterminación de los preceptos puede resultar en interpretaciones jurídicas diversas, lo que podría concentrar la crítica social sobre la eficacia de la ley en los órganos judiciales.
Asimismo, considera necesario excluir todos los delitos de terrorismo de la amnistía y señala que la eliminación de la referencia al Código Penal en este apartado, con la intención de favorecer la aplicación directa de la directiva europea, desconoce la naturaleza y forma de aplicación de dicha normativa europea por parte de los órganos judiciales españoles.
Además, señala que la aplicación judicial automática e inmediata de la ley resulta difícil de conciliar con el plazo propuesto de dos meses. También sostiene que la pretensión de dejar sin efecto una orden europea de detención al entrar en vigor la ley contradice el Derecho de la UE.
Argumenta que la propuesta de que las consultas al Tribunal Constitucional o al Tribunal de Justicia de la Unión Europea no suspendan el procedimiento no se ajusta a la regulación vigente. Por último, afirma que la atribución al órgano judicial de la facultad de declarar la amnistía de oficio establecida en la proposición contraviene principios esenciales del proceso penal.
La declaración de noviembre
El CGPJ ya se había pronunciado sobre la amnistía anteriormente. El 6 de noviembre, antes de que el PSOE presentara la proposición de ley y de que el Senado solicitara un informe al órgano de gobierno de los jueces, los vocales emitieron una declaración institucional aprobada por el Pleno.
En esa declaración, el Consejo advirtió que una ley en ese sentido supondría la «abolición» del Estado de Derecho, lo que generó divisiones internas entre los bloques conservador y progresista del CGPJ.
Después de anunciarse el acuerdo PSOE-Junts, la Comisión Permanente se reunió urgentemente para expresar su «frontal oposición» a la creación de comisiones parlamentarias para investigar presuntos casos de ‘lawfare’ y anticipó que tomaría medidas por «los cauces legalmente establecidos» si se llevaban a cabo.
Tras presentarse la proposición de ley en el Congreso de los Diputados, la Comisión Permanente se reunió nuevamente el 5 de diciembre a solicitud de vocales conservadores, quienes querían que el órgano ejecutivo rechazara expresamente las declaraciones de Sánchez y del ministro de Transportes, Óscar Puente, sobre el ‘lawfare’.
Sin embargo, la Comisión Permanente se limitó a ratificar su declaración inicial sobre las comisiones de investigación parlamentarias, advirtiendo que permanecería «vigilante», lo cual fue considerado insuficiente por los vocales conservadores.
Ahora, el Pleno se ha reunido para discutir los dos informes que tenía sobre la mesa a petición del Senado, que prorrogó por tercera vez el plazo para presentar su opinión sobre la ley de amnistía. Aunque no era obligatorio recabar su opinión al tratarse de una proposición de ley, de haber sido un proyecto de ley, sí habría sido necesario.
