Agbar reclama a la Generalitat que ejecute el contrato de ATLL
El grupo entregó un documento en la consejería de Territorio con el que afirma que la nueva mesa de contratación "vulnera el ordenamiento jurídico"
Agbar ha reclamado a la Generalitat que expulse a Acciona de Aigües Ter Llobregat (ATLL). El grupo entregó a la consejería de Territorio, el pasado 24 de diciembre, un documento con el que argumenta que el Govern les debe adjudicar la gestora de agua sin más demora.
El texto indica que Agbar es la otra compañía que presentó una oferta en la licitación y que el Tribunal Supremo ya ha excluido al grupo de los Entrecanales del proceso. También señala que las dos últimas sentencias del alto tribunal desestimaban las medidas cautelares que habían solicitado tanto Acciona como el Ejecutivo de Artur Mas.
El Supremo dio la razón al órgano encargado de mediar en la contratación pública catalana, el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (la antigua Oarcc). En un auto de enero de 2013, esta institución estimó que la oferta de los Entrecanales no cumplía con el pliego de condiciones de la licitación.
Mesa de contratación
Agbar también carga contra la mesa de contratación que el consejero Santi Vila creó el pasado 19 de diciembre. El único objetivo de este órgano es estudiar cómo se cumple con el mandato del Supremo. La empresa de Suez Environnement argumenta que su puesta en marcha también vulnera el ordenamiento jurídico.
La compañía hace referencia a una cláusula del pliego de condiciones de la licitación de ATLL. En ella, el propio Govern decreta que la mesa de contratación no se puede modificar a lo largo del proceso; y hay dos miembros nuevos en su nueva etapa. Agbar defiende que se trata del mismo órgano de decisión y que el cambio de técnicos invalida cualquier decisión que pueda llegar a tomar.
Por ello, insiste en que la única salida posible en el conflicto es que la Generalitat eche a Acciona de las aguas catalanas y les adjudique ATLL.
El Govern apuesta por un nuevo concurso
La empresa con sede en Barcelona incide en que la ley de contratos del sector público impide tanto adjudicar otra vez el contrato a la oferta que ha sido excluída como iniciar una nueva licitación si existen otras ofertas sobre la mesa. Una alusión directa a la «opción política» preferida por el Govern, en palabras del propio Vila. El consejero ha reconocido este viernes en la comisión de Territorio del Parlament que la apuesta de Mas es convocar un nuevo concurso público.
El político de Figueres (Girona) ha remarcado que esta apuesta es política. Para el Ejecutivo autonómico, la última palabra la tiene la mesa de contratación.
