Acciona sube el 12% el agua en Cataluña
ATLL, la concesionaria del agua en Cataluña, controlada por Acciona, sube el 12% el canon del agua aprovechando la ausencia del gobierno catalán
La mayoría de los hogares catalanes ya se pueden preparar para una subida del agua. La concesionaria del agua en Barcelona y toda su área metropolitana, ATLL, controlada por Acciona, subirá el 12% el canon del agua aprovechándose de la ausencia de Govern, que en años anteriores había parado la subida.
La Agencia Catalana de l’Aigua (ACA) prevé aprobar la próxima semana un incremento del 11,88% de la tarifa que cobra ATLL, que distribuye el agua a las comercializadoras, a las compañías de suministro de agua. La subida afectará a una población de 4,5 millones y se manifestará en la factura que pagan los ciudadanos con un impacto de entre 0,80 céntimos y un euro al mes por abonado.
La tarifa del agua se congeló este año, porque el ex consejero de Territori, Josep Rull, consideró exagerada el alza prevista del 4,6%. Ahora, sin la presencia de un Govern, no pueden tomarse medidas políticas que detengan el incremento, según informa Expansión.
La aplicación del artículo 155 en Cataluña puso al ACA en manos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el cual no ha intervenido en el asunto. Ante este escenario, la filial de Acciona tiene el camino libre para implementar un alza que más que duplica la propuesta hace un año.
El canon de 24 millones que ATLL asumirá en 2018 incluye los 7 millones que Josep Rull le perdonó hace un año
En 2018 ATLL asumirá un canon de 17,2 millones que se reflejará en la factura, pero además debe sumarle otros 7 millones que Rull le perdonó hace un año para poder congelar la tarifa. Si la Generalitat hubiese modificado el contrato de la concesión hace un año le hubiera ahorrado este importe a los habitantes, que ahora deben asumir los efectos de la decisión del consejero.
La adjudicación del agua en alta a ATLL fue la más polémica de los últimos años, además de la más importante a nivel económico (1.000 millones de euros). De hecho, se judicializó y el TSJC dictaminó que la adjudicación no fue correcta, por lo que debería volver a manos de la Generalitat. La concesión se encuentra ahora en manos del Tribunal Supremo, que se espera que falle desde hace más de un año.
