El abuso de Sánchez con el decreto-ley: son casi la mitad de sus normas aprobadas por el Congreso

Desde que el Ejecutivo de coalición tomó posesión en enero de 2020, primero con una entente entre PSOE y Unidas Podemos, más tarde entre PSOE y Sumar, el Gobierno ha conseguido aprobar más de 200 leyes en el Congreso de los Diputados. Una producción legislativa notable, más aún con la mayoría parlamentaria que consiguió articular en la pasada legislatura… más si cabe en la actual, con la fragilidad de unir a socios a derecha e izquierda.

El Gobierno ha aprobado desde entonces 226 normas (y una reforma constitucional), contando con las últimas aprobadas, y prácticamente la mitad han sido Reales Decretos-Ley, una figura de carácter excepcional que ha cobrado cada vez más relevancia en la vida política. Lo denuncia la Fundación Hay Derecho en su Informe sobre el Estado de Derecho 2024 publicado esta semana, donde califica de «abuso» y de «menoscabo» a las Cortes Generales este ejercicio excesivo por parte del Gobierno.

Formalmente, el uso del Real Decreto-Ley es una prerrogativa del Poder Ejecutivo para aprobar normas con rango de ley en caso de «extraordinaria y urgente necesidad», que deben de estar bien justificados y que han de ser convalidados por el Congreso de los Diputados en un plazo de 30 días desde su aprobación en el Consejo de Ministros. Desde su publicación están en vigor y están contemplados para el caso, por ejemplo, de catástrofes naturales.

El decreto-ley: de catástrofes a la normalidad

La pandemia del COVID-19 obligó a hacer un uso extensivo del mismo (en 2020, de un total de 53 normas con rango de ley, 39 fueron decretos-leyes), pero esta técnica legislativa sigue teniendo demasiada presencia en la vida política, denuncia la fundación, fundamentalmente por la manga ancha que ha dado el Tribunal Constitucional a la promulgación de estas normas.

«Las proporciones entre decretos-leyes y leyes, que ya eran llamativas en el periodo 2018-2021, siguen siéndolo en 2022-2023, con un 27% y un 32% respectivamente de decretos-leyes sobre el total de normas con rango de ley aprobadas. Unos porcentajes que no se compadecen con el carácter excepcional de esta fuente normativa con rango de ley, prevista para situaciones de ‘extraordinaria y urgente necesidad'», aduce el documento.

Contando desde 2020, el Ejecutivo de Sánchez ha aprobado 68 leyes (dos en esta legislatura), 53 leyes orgánicas (una en lo que va de mandato) y 105 Reales Decretos-Ley (seis desde la investidura en noviembre del año pasado).

Los últimos Reales Decretos-Ley han tenido que ver con las medidas vinculadas a las crisis de Ucrania (dos, uno en diciembre y otro en junio), la reforma del subsidio por desempleo, una con las ayudas al Transporte Público del Verano Joven, la extensión de las medidas anti-desahucios y otra norma con reformas vinculadas al Plan de Recuperación. Esta última, lo que se conoce como un «decreto ómnibus».

«Tales críticas de adecuada técnica legislativa adquieren una dimensión mayor cuando se trata de decretos-leyes ómnibus, ya que el Congreso se ve forzado a votar en bloque materias dispares. De hecho, esta fórmula de los decretos-leyes heterogéneos puede ser usada políticamente como un mecanismo de coacción frente a los partidos representados en el Congreso, en supuestos en los que se incluyen en un mismo decreto-ley la regulación de alguna cuestión con buena acogida popular con otras más polémicas, forzando a los grupos parlamentarios a que se retraten en la votación en un ‘todo o nada'», denuncia la Fundación en su informe.

8 Reales Decretos-Ley por cada mes de legislatura

Esta cuestión no es baladí: cinco de los 8 reales decretos-ley aprobados en 2023 y 7 de los 20 en 2022 son normas ómnibus. «Unos datos que evidencian cómo no sólo hay un abuso en el recurso al decreto-ley, sino que también se ha generalizado esta práctica patológica de que los mismos sean diseñados como normas heterogéneas», denuncian.

Lo excepcional de la legislatura pasada hizo que, de media, se promulgaran 8 Reales Decretos-Ley al mes, frente a la media de 1 (o menos) de anteriores mandatos.

El problema para el Estado de Derecho, insiste Hay Derecho, está en que supone un «menoscabo de la función legislativa del Parlamento y el inevitable deterioro del proceso parlamentario deliberativo». En algunas ocasiones, el Gobierno ha conseguido convalidar los decretos a costa de tramitarlos como proyecto de ley, pero «ningún decreto-ley de los tramitados como proyecto de ley en 2022 y 2023 han terminado siendo aprobados como ley».

La mayoría parlamentaria que arrojaron las urnas del 23 de julio ya ha provocado un importante revolcón al Ejecutivo. Los cinco votos de Podemos fueron fundamentales para provocar la caída de un Real Decreto-Ley con la reforma del subsidio por desempleo, una modificación exigida por Bruselas para recibir fondos europeos.

Esta derrota parlamentaria (más por hacer daño político a Yolanda Díaz que por el fondo de la ley) supongo también una amarga realidad para el Ejecutivo: se acabaron los ‘trágalas’. El Ejecutivo ya contempla retomar, por norma, los proyectos de ley… si consigue armar las mayorías para sacarlos adelante. En el horizonte: los Presupuestos Generales del Estado.