Ábalos presidirá una Comisión de Interior en la que se abordará la «corrupción»
A lo largo de la sesión, prevista para el miércoles, se votarán varias proposiciones no de ley sobre inmigración, lucha contra el narcotráfico o corrupción entre las fuerzas policiales
La Comisión de Interior del Congreso, que preside el exministro José Luis Ábalos, se reunirá este próximo miércoles para debatir y votar diversas iniciativas, entre las que está una de ERC sobre «corrupción» e «impunidad» respecto a casos de corrupción que afectan a las Fuerzas de Seguridad del Estado.
Este debate se producirá en plena tormenta provocada por la detención de Koldo García, exasesor de Ábalos en el Ministerio de Transporte, por presuntamente haber cobrado comisiones por la venta de mascarillas a organismos oficiales.
El PP ha pedido que Ábalos renuncie a su acta de diputado al estar encausado su excolaborador. Al mismo tiempo, la vicepresidenta María Jesús Montero y la titular de Defensa, Margarita Robles, se han pronunciado sobre si creen si su excompañero de Gabinete debe abandonar el escaño.
Así, Montero, en un encuentro informativo del Grupo Joly este viernes en Cádiz, dijo lo siguiente: «No puedo decir lo que el señor Ábalos quiere hacer o va a dejar de hacer, yo sé lo que yo haría». A su vez, Robles afirmó, en Radio Nacional, que «cada uno tiene que saber lo que tiene que hacer en cada momento».
«Tramas de corrupción»
En este contexto, la Comisión de Interior del Congreso, que preside Ábalos, ha convocado una nueva sesión para este miércoles a las 17.30 horas de la tarde.
En esta sesión está previsto el debate y votación de distintas proposiciones no de ley, que se refieren a cuestiones como la inmigración, la lucha contra el narcotráfico o la corrupción entre las fuerzas policiales.
Sobre este último asunto, ERC lleva una proposición no de ley «sobre la investigación de la percepción de impunidad y las presuntas tramas de corrupción en el seno de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».
A su vez, el PP plantea otra iniciativa «para que el Gobierno proceda a la declaración como profesión de riesgo al trabajo que realizan los miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil». Esto es algo que los colectivos de agentes están pidiendo tras el asesinato de dos miembros de la Benemérita el 9 de febrero en Barbate (Cádiz), al ser arrollados por una narcolancha.