15.000 millones a ERC, impuestos a PNV, vivienda a Bildu… Lo que Sánchez cede a los nacionalistas para seguir siendo Presidente

La legislatura que empezó hace ya medio año promete ser incierta. El Gobierno tendrá que estirar todo lo posible la geometría variable del Congreso, cediendo a izquierda y derecha, para poder sacar adelante las medidas y que Pedro Sánchez cumpla con su objetivo de permanecer hasta 2027 en La Moncloa.

Estas cesiones han comenzado ya con el primer gran decreto aprobado por el Gobierno: el de las medidas anticrisis para hacer frente a los efectos de la guerra de Ucrania. En el Ejecutivo saben que este texto ómnibus, con centenares de medidas en numerosos ámbitos, no puede dejarse caer a la ligera ya que contienen un importante alivio para los bolsillos de los ciudadanos, pero tampoco pueden cantar victoria.

Esta primera gran norma -si no contamos los primeros decretos con reformas para cumplir con lo exigido para el cuarto pago de los fondos europeos- ya ha permitido a los socios externos de Sánchez cobrarse piezas importantes de cara a su electorado.

Sánchez entrega al PNV los impuestos a banca y energéticas

Así, la derecha nacionalista que representa el PNV ha conseguido dos importantes victorias de cara al tejido productivo vasco. Por un lado, la reforma de los impuestos a la banca y a las energéticas, para integrarlos en el sistema tributario y permitir que puedan concertarse con las haciendas forales del País Vasco y Navarra. Hasta ahora ambos gravámenes estaban configurados como prestaciones patrimoniales no tributarias, por lo que tendrán que rediseñarse, ya en los Presupuestos Generales del Estado para 2024.

En esta ley fundamental vendrá incluida la segunda victoria para los jeltzales: el impuesto a las energéticas será reformado para incluir desgravaciones por inversiones en transición energética, una de las exigencias del partido vasco. Gracias a estas dos medidas negociadas para sacar adelante el decreto, el PNV podrá modular ambos impuestos y contentar a compañías como Iberdrola o Petronor, de gran peso en el tejido empresarial regional.

Si el PNV buscó su victoria en el lado empresarial, los vascos de EH Bildu apostaron por sacar pecho de las medidas de carácter social. A pocos meses de que se produzcan las elecciones autonómicas, que deberían tener lugar antes del verano, los abertzales arrancaron al Gobierno tanto la prórroga de la prohibición de los desahucios como la del bono social eléctrico o la de las tarifas reguladas de gas para comunidades de vecinos.

De puertas adentro, en el seno del Gobierno la negociación fue ardua e involucró a las entonces cuatro vicepresidentas, con Nadia Calviño, exministra de Economía, aún con mando en plaza. La vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, tragó con la reforma del impuesto a las energéticas que, de facto, lo modera, pero a cambio de prorrogar la vigencia de los tributos a las grandes fortunas y a la banca. También logró frenar el plan inicial de limitar las subvenciones al transporte público solo para jóvenes y desempleados, manteniendo el esquema vigente desde hace más de un año.

En el lado catalán, la mayor cesión -con permiso de los 15.000 millones de deuda pública, cuya condonación está en el aire ya que se desconoce el mecanismo para ponerlo en práctica- viene con la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV), ya transferido a las comunidades forales. ERC reclamó tramitarlo desde Cataluña y el decreto prevé una reforma para que todas las comunidades de régimen común puedan solicitarlo. Es decir, un traje a medida de Cataluña, pero vistiéndolo de “café para todos”.

Junts no ha logrado contrapartidas económicas, pero ya ha amenazado con vetar el decreto de reformas en el ámbito de la justicia, ya que una disposición podría retrasar hasta dos años la entrada en vigor de la amnistía. Pero eso ya será materia a negociar en 2024.