Ximo Puig frena sus planes sobre sanidad pública
El gobierno valenciano asumirá el hospital de Alzira cuando en marzo finalice la concesión, pero no se atreve con las reversiones de contratos en vigor
La consejera valenciana de Sanidad, la socialista Carmen Montón, se comprometió al principio de la legislatura a rescindir “todas las concesiones sanitarias posibles”. Se refería a los cinco hospitales públicos de gestión privada que heredaron del anterior gobierno popular. Entonces anunciaron que regresarían a la gestión pública, en algún caso incluso antes de que venciera el contrato con el actual concesionario, pero han puesto el freno. No les salen las cuentas.
El gobierno de Ximo Puig comunicó que no se prorrogará la concesión del hospital de Alzira, que vence el 31 de marzo de 2018, y emprendió negociaciones para la compra del paquete de acciones mayoritario de la concesionaria del hospital de Denia. La operación de Alzira está en marcha, no sin dificultades, pero las conversaciones sobre Denia siguen en punto muerto.
El hospital de Denia, así como la asistencia primaria de toda su área, está gestionado por Marina Salud, empresa participada por DKV (65%) y por Ribera Salud (35%). La concesión acaba en 2023, dentro de seis años. El gobierno valenciano encargó a su consejero de Hacienda que negociara la compra del paquete de acciones de DKV. Fuentes de esta compañía confirman que se han mantenido contactos, que han hablado, pero que el gobierno valenciano nunca ha presentado ninguna oferta formal. Estas fuentes precisan que no se oponen a la venta si las condiciones son aceptables: “si presentan una oferta razonable, no nos enrocaremos”, aseguran. Por ahora, ni siquiera se ha puesto una oferta sobre la mesa.
Rescate de una multinacional
El diputado popular en las cortes valencianas José Juan Zaplana recalca que si se compran las acciones de DKV no se estará “rescatando” a un hospital, sino a una compañía multinacional. Incluso Podemos comparte este planteamiento. El partido morado, integrado al gobierno de Puig, no ve clara la compra de acciones. Además, la empresa Ribera Salud, por su condición de socio minoritario, tiene prioridad en la adquisición.
Zaplana advierte que, si el gobierno valenciano acabase comprando las acciones de DKV, el hospital de Denia estaría gestionado por un consorcio muy peculiar que tendría como socio mayoritario a una administración pública y, como minoritario, a Ribera Salud. Precisamente, la Consejería de Carmen Montón ya ha comunicado a Ribera Salud que no le prorrogará el contrato de Alzira. Ribera Salud está participado a partes iguales por Banc Sabadell y el fondo norteamericano Centene.
Gobierno valenciano: cuando presenten los presupuestos de 2018 se desvelarán sus planes sanitarios
El gobierno valenciano presentará en octubre sus presupuestos para 2018. Zaplana apunta que entonces se conocerán probablemente los planes sanitarios de la consejería de Sanidad porque, en estas cuentas, deberán reflejarse las partidas para asumir el hospital de Alzira y su área de salud (con 2.100 trabajadores). Difícilmente quedarán recursos para anticipar la reversión de otros hospitales públicos de gestión privada. Además, el personal de Alzira todavía se pregunta en qué condiciones laborales se efectuará su integración.
Dificultades legales y económicas
Juan Córdoba, diputado de Ciudadanos en las cortes valencianas, indica que el gobierno de Puig se ha dado cuenta demasiado tarde de las “dificultades legales y económicas” de sus planes. La Consejería de Sanidad llegó a plantear la reversión de concesiones sanitarias antes de concluir el contrato. Córdoba subraya que su partido defiende la sanidad pública con una gestión “preferentemente” pública, pero recomienda al ejecutivo que no actúe por “motivos puramente ideológicos”: les exige que demuestren, con auditorias, que la gestión pública será más eficiente.
De momento, los datos de la Sindicatura de Cuentas valenciana apuntan en sentido contrario. Un informe presentado hace unos meses sobre el hospital de Manises, gestionado por Sanitas, apunta a un ahorro de gasto corriente de casi el 25% con respecto a los centros de gestión directa. Eso supone 42,5 millones de euros anuales.
Incluso el sindicato UGT se opone al rescate de las concesiones hospitalarias con contrato vigente. Teme que estas operaciones puedan causar un enorme perjuicio en las arcas públicas. No es el caso de Alzira, cuyo contrato vence en marzo de 2018, pero sí el de Torrevieja (2021), Denia (2023), Manises (2024) y Elche (2025).
El contrato de Alzira es el único que finaliza en la actual legislatura. Sin embargo, el gobierno de Puig quería cerrar otra reversión hospitalaria antes de finalizar el mandato. La oposición cree que le saldría carísimo porque debería indemnizar al concesionario. Quizás por este motivo desde la Consejería de Sanidad se apunta ahora que la intención es la de esperar a que finalicen los contratos.
