Unió se va a pique

Unió Democràtica de Catalunya (UDC) prepara la celebración del 85 aniversario de su fundación. Será el próximo 7 de noviembre. Es un acto conmemorativo que se repite cada año pero, en esta ocasión, adquiere aires de velatorio. Tan sólo unos días después finaliza el plazo máximo de dos meses que el juez ha dado al administrador concursal, Deloitte Abogados, para que presente su informe, que decidirá si la histórica formación política democristiana se mantiene con vida o encara su liquidación.

Unió se acogió el pasado 1 de septiembre a un concurso voluntario de acreedores por un pasivo de 22,5 millones de euros, que suponen 3,2 millones más de los 19,3 que su secretario general, Ramon Espadaler, había reconocido públicamente unos meses antes, que precisamente corresponden a la deuda financiera que el partido mantiene con un grupo de siete bancos liderados por Caixabank.

La banca confiaba en cerrar un acuerdo de refinanciación

Fuentes del pool bancario aseguran que, el pasado julio, se alcanzó un acuerdo con los abogados de Unió, representados por el bufete Roca Junyent, si bien nunca se ha llegado a firmar. Estas fuentes insisten en que «había acuerdo», que contemplaba refinanciar toda la deuda con unas condiciones muy ventajosas: se establecía un periodo de carencia de cinco años, durante el cual no se realizarían amortizaciones del capital principal aunque se pagarían intereses con un tipo correspondiente al euribor más dos puntos.

Desde el pool de bancos se reitera que confiaban en cerrar un acuerdo de manera inmediata, pero los representantes de UDC no estamparon la firma. Dejaron pasar los días. Desde el 13 de septiembre, fecha en que el juez aceptó el concurso, esta decisión ya no corresponde a la dirección del partido, ni a sus abogados, sino al administrador concursal.

Unió pidió una quita del 95% de la deuda

Cuando se iniciaron las negociaciones con el pool de bancos acreedores, Unió planteó una quita del 95% de la deuda financiera, que equivalía al pago de poco menos de un millón de euros. La banca rechazó la propuesta. Las entidades acreedoras ofrecieron moratorias, periodos de carencia para amortizar el capital principal, pero de ninguna manera estaban dispuestas a condonarles la deuda. Ya no perdonan los pecados de los partidos políticos como ocurría en otros tiempos.

En su última propuesta, Unió planteó devolver la deuda financiera después de un periodo de diez años, pero la banca se mantuvo en cinco años durante los cuales pagarían tan sólo los intereses. Todo indicaba que se iba a cerrar el acuerdo en estos últimos términos, pero, para sorpresa del pool de bancos acreedores, no fue así. Ahora, su interlocutor ya no serán los abogados del despacho de Miquel Roca Junyent, que representan a Unió, sino Deloitte Abogados, que ejerce la administración concursal.

Los proveedores y empleados también reclaman impagados

Un ex dirigente de UDC recuerda que la deuda total es de 22,5 millones de euros y que, de cerrarse un acuerdo con los bancos por 19,3 millones, todavía quedarían «colgados» 3,2 millones que corresponden a proveedores y empleados. El acuerdo con la banca no acabaría con el problema. Unió estima sus activos en 5,8 millones de euros, que sería el valor de su sede central de la calle Nápoles de Barcelona, que sigue a la venta, y de unos locales en esta misma ciudad y en Tàrrega (Lérida).

Fuentes de la ejecutiva de UDC diferencian la «actividad económica» del partido, que reconocen que está «intervenida», supervisada por un administrador concursal; de la «actividad política», que sigue con «total normalidad» bajo la batuta de su secretario general, Ramon Espadaler.

Desde UDC se insiste en que el proyecto político seguirá adelante

Estas fuentes indican que «el proyecto político seguirá adelante» aunque el administrador concursal optase por la liquidación «administrativa» de UDC. Pese a haberse quedado sin representación parlamentaria, Espadaler continua defendiendo un proyecto político centrista, catalanista, pero no independentista, que considera que tiene recorrido aunque las urnas no le hayan dado la razón.

En el acto de aceptación del concurso de acreedores, el titular del Juzgado Mercantil número 4 de Barcelona argumenta que un partido político también puede acogerse a la antigua suspensión de pagos. Pese a que las formaciones políticas no cuentan con consejos de administración, como ocurre con las empresas, el juez considera que su equivalente en el caso de UDC es su comité de gobierno, que encabeza Ramon Espadaler.

En estos momentos, Unió está dirigido por un comité gobierno diezmado, que no ha cubierto sus numerosas bajas porque no se ha convocado el congreso para renovar la dirección.