Torra maniobra para posponer su inhabilitación
La defensa del president recurre al TSJC para plantear a la justicia europea cinco cuestiones prejudiciales que congelarían la causa varios meses
«Sí, desobedecí», admitió Quim Torra el lunes ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), procesador por un delito, precisamente, de desobediencia a la Junta Electoral Central (JEC) cuando esta le ordenó, en marzo pasado, retirar las pancartas con lazos amarillos de los edificios de la Generalitat. El presidente catalán, el govern y los partidos que lo integran, JxCat y ERC, prácticamente dan por hecha la condena y, por tanto, que la inhabilitación de Torra es una simple cuestión de tiempo.
Torra siempre podría recurrir al Tribunal Supremo, pero no necesariamente habría que esperar al fallo de este para hacer efectiva la inhabilitación, que la ley electoral prevé que pueda aplicarse incluso sin sentencia firme. En todo caso, el president tratará de posponer ese escenario el máximo posible.
De ahí también que el lunes, su abogado, Gonzalo Boye, pusiera sobre la mesa cinco cuestiones prejudiciales que pidió que el tribunal que enjucia al president eleve al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Boye lo hizo durante su informe final, y el presidente del tribunal, Jesús María Barrientos, rechazó la petición alegando que ese no era el momento procesal adecuado para plantear la petición. Este martes, Boye ha presentado ya un recurso de súplica ante el TSJC en contra de la decisión de Barrientos.
La defensa plantea en la batería de consultas al TJUE que se ha privado al presidente catalán del derecho a un juez imparcial, por lo que Boye aspira a la anulación de la causa. Pero, más allá de que ese planteamiento prospere, si finalmente el TSJC acepta elevar consultas al tribunal de Luxemburgo, el proceso contra Torra quedaría congelado a la espera de que esas dudas fueran respondidas, lo que permitiría a Torra ganar varios meses.
Las preguntas de Torra a Luxemburgo
Las cinco cuestiones prejudiciales se refieren a la posibilidad de que el tribunal no sea imparcial. En una, se plantea si la instrucción de la causa es compatible con el hecho de que el juez instructor, Carlos Ramos, fuera propuesto para entrar a formar parte del TSJC por el Parlament a instancias del PSC, un partido, dice el escrito de defensa, que «ha marcado públicamente como objetivo político que el acusado deje de ostentar el cargo público para el que ha sido democráticamente elegido».
Boye también recupera unas declaraciones de Barrientos en las que el ahora presidente del tribunal que enjuicia al president consideraba hace meses que la orden de la JEC de retirar las pancartas era «tan obvia que no tendría que ser necesaria», y otras de otro miembro del tribunal, el juez Joaquín Elías, en las que este decía sentirse «hostigado e incomodado» por el gobierno que preside Torra, y pregunta si estas manifestaciones son compatibles con la imparcialidad del tribunal.
Por último, Boye también quiere que Luxemburgo aclare si el delito de desobediencia que se achaca al presidente de la Generalitat se ajusta al derecho penal europeo.
