Torra recurre a la épica ante el TSJC: "Mi condena será la vuestra"

Quim Torra utilizó el derecho a la última palabra en el juicio que este lunes se le hizo en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para lanzar un alegato político: “No he venido aquí aturdido ni en silencio, no he venido aquí a defenderme de nada sino a acusar al Estado de vulnerar mis derechos”.

El presidente de la Generalitat cargó contra el tribunal y, especialmente, contra su presidente, el magistrado Jesús María Barrientos. Calificó el juicio de “político” y “sin garantías”. Afirmó que se le juzgó para intentar cambiar la voluntad de los que le eligieron presidente de la Generalitat.

“Me podéis condenar pero no cambiaréis la legitimidad de los que me eligieron. Me podéis condenar, pero no cambiaréis el destino de este país. La libertad acabará ganando”. Incluso desafió al tribunal: “Mi condena será vuestra condena”. Acabó su alegato con un “visca Catalunya lliure” (Viva Cataluña libre).

Torra fue juzgado por desobedecer a la Junta Electoral central (JEC) por no quitar dentro del plazo establecido los lazos amarillos de los edificios de la Generalitat durante la campaña electoral de las generales del 28-A. La fiscalía solicitó para él una pena de 20 meses de inhabilitación y una multa de 30.000 euros.

El presidente de la Generalitat incluso puso en duda la legitimidad de Barrientos para juzgarle. Indicó que tenían que “abstenerse” de estar en la sala. Dirigiéndose a Barrientos, Torra indicó que “usted ha rechazado que mis derechos fuesen evaluados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es el único lugar donde los catalanes encontramos justicia”.

Torra recalcó que se dirigía a Barrientos como “excelentísimo presidente del tribunal”, para poner evidencia que a él le negaron el trato de “muy honorable presidente de la Generalitat, tal como exigió su defensa.

Gonzalo Boyé, abogado de Torra, planteó que el tribunal eleve cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el caso Torra y los presos independentistas. Pidió que no se dicte sentencia hasta que no se resuelvan estas cuestiones. El presidente del tribunal lo rechazó por extemporáneo.

En su intervención, Torra se refirió a los dirigentes independentistas presos y aseguró nadie podrá impedirle que siga “reivindicando a los que más han sufrido”. En su declaración de la mañana, Torra admitió que “sí, he desobedecido” a la JEC por considerar que la orden que le dio era “ilegal”.

Torra solo contestó a las preguntas del tribunal y de sus abogados. Se negó a responder a la fiscalía y a la acusación popular que ejerce Vox. Argumentó la decisión de no responder al ministerio fiscal porque “dejo de tener mi consideración” desde que pedro Sánchez dijo que dependía de su ejecutivo. “La fiscalía no es el garante de la legalidad sino de los intereses del Gobierno”, recalcó.

Los requisitos del delito de desobediencia

Durante su turno, el fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, resaltó que lo que se juzga son “hechos notorios” que han sido reconocidos por el propio acusado. Recordó que la Junta Electoral Central ordenó la retirada de cierta simbología al amparo de una “doctrina consolidada” por el Tribunal Supremo.

Recordó que hasta en tres ocasiones –el 11, 18 y 21 de marzo pasado– la JEC ordenó la retirada de lazos amarillos y esteladas de los edificios de la Generalitat. Señaló que tanto lazo amarillo como la estelada no es compartida por una parte la sociedad catalana.

Bañeras señaló que en la actuación de Torra se cumplen los requisitos para calificarla de delito de desobediencia. Estos requisitos son tres: el primero, que haya una orden; el segundo, que esta orden proceda de un tribunal u órgano administrativo competente; y el tercero, que el destinatario la conozca y la incumpla de forma deliberada.

Afeó a Torra que negara la competencia de la JEC para efectuar la orden. Insistió en que es el órgano competente. Recordó que, en sus declaraciones públicas, Torra nunca puso en duda las facultades de la Junta.

Bañeras calificó de “gesto de pura befa” la sustitución del lazo amarillo por un blanco después de recibir la tercera orden para retirar el símbolo en apoyo de los dirigentes independentistas encarcelados.

Boyé señala al retrato del Rey

Gonzalo Boyé intento rebatir los argumentos de la fiscalía. De entrada, indicó que, efectivamente, los símbolos independentistas no son compartidos por toda la sociedad, como “tampoco lo es el retrato del Rey y preside esta sala”. Pidió la libre absolución para su defendido.

Puso énfasis en que hay un “vació legal” para determinar la jerarquía jurídica en este tipo de casos. Torra mantiene que el presidente de la Generalitat es una jerarquía “superior” a la Junta Electoral central. Dijo que Torra estaba “convencido y asesorado” de que la JEC “no era una entidad superior ni competente”.

Cargó duramente contra la JEC: calificó su actuación de “aberración jurídica” que tiene “una motivación jurídica detrás”. “Lo que hace la JEC es colonialismo puro y duro”. Afirmó que este órgano no tiene jurisdicción para dictar una resolución como la del lazo amarillo. “Se saltó la ley electoral”, dijo.

Incidió en uno de los miembros de la Junta, el catedrático de derecho administrativo Andrés Betancor, se manifestó públicamente contra Torra y los independentistas. Recordó que mantuvo que “los secesionistas no son demócratas”.

Boyé afirmó que Torra no tiene capacidad para ordenar la retirada de símbolos en los edificios de la Generalitat. Indicó que el propio Palacio de Justicia, donde se desarrolla el juicio, es propiedad de la Generalitat. Preguntó al tribunal si le harían caso a Torra en el caso de que ordenara que quitasen determinados símbolos.

Recordó que Vox veta a determinados medios de comunicación en sus actos desoyendo los criterios de la Junta Electoral Central. Sin embargo, el partido de Santiago Abascal, que ejerce la acusación popular en el caso de Torre, no ha rectificado su posición respecto los medios.