Sánchez da un serio aviso a Torrent y a la mesa independentista
El Ejecutivo pide al Tribunal Constitucional que aperciba al presidente y a la mesa del Parlament ante lo que supone incumplir su doctrina
La rueda de prensa del consejo de ministros de este viernes liderada por la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Isabel Celaá, recordó mucho a las del Ejecutivo de Mariano Rajoy cuando comenzaba su enfrentamiento legal con el entonces Govern de Carles Puigdemont.
Pedro Sánchez ya está presionando a la mesa independentista del Parlament para que se mantenga dentro de la legalidad ante la cercanía de la sentencia del Supremo sobre el 1-O y dando pasos legales que le habilitarían para solicitar la aplicación del artículo 155.
El consejo de Ministros decidió este viernes presentar ante el Tribunal Constitucional dos expedientes de ejecución contra dos resoluciones aprobadas por el Parlamento catalán el pasado mes de julio (una a a favor del derecho de autodeterminación y la otra una reprobación del Rey Felipe VI) y que aperciba al «presidente del Parlament, el secretario y la mesa» de que están obligados a no llevar adelante, es más, deben impedir), cualquier iniciativa que incumpla la doctrina del Constitucional. El 27 de noviembre anunció que también recurría las aprobadas tras las detenciones de los CDR.
El ejecutivo socialista no ha querido precisar las razones que le llevan justo en este momento a solicitar este movimiento del Tribunal Constitucional, dado que las resoluciones se habían llevado a cabo en julio. El movimiento recordó a los requerimientos enviados a Carme Forcadell, que posteriormente tuvieron repercusiones penales. De hecho, el gobierno en funciones recordó justo que estas notificaciones del Constitucional creaban ese riesgo, aunque solo se atrevió a calificarlo de presunto «desacato».
Pasos legales hacia el 155
El movimiento, asimismo, se ha producido justo después de que el gobierno haya reconocido que estudia todas las vías necesarias para «mantener la legalidad»; entre ellas la aplicación del artículo 155 o la puesta en marcha de la Ley de Seguridad Nacional. Sánchez se está cubriendo ante los posibles movimientos que se puedan producir ante la inminente sentencia del juicio contra los políticos independentistas presos, que se espera se publique este mes de octubre.
Isabel Celaá, sin embargo, precisó que, por el momento, la situación de ilegalidad que motivó la activación del artículo 155 en 2017 «ahora no se produce». En este sentido recordó que entonces se vulneró la Constitución, se habían aprobado las Leyes de Transitoriedad, en incluso se había proclamado la independencia. Para Celaá los llamamientos a la desobediencia civil que se están sucediendo se enmarcan dentro de «la libertad de expresión», por lo que no se actuará contra ellos.
