Sánchez lleva al Constitucional el acelerón soberanista
El Gobierno recurre tres resoluciones del Parlament y advierte a Torra que "no consentirá ningún ataque al Estatuto ni a la Constitución"
El Gobierno impugnará ante el Tribunal Constitucional tres de las resoluciones aprobadas este jueves por la mayoría independentista del Parlament durante el convulso debate de política general, la que aboga porque la cámara catalana lidere «una respuesta institucional» a la sentencia del Tribunal Supremo en la causa del procés, la que apuesta por ejercer «el derecho de autodeterminación» mediante un «gran pacto nacional» impulado por el propio Parlament, y la que pide que la Guardia Civil se vaya de Cataluña. Asi lo ha acordado el consejo de ministros en su reunión de este viernes.
La respuesta del ejecutivo de Pedro Sánchez a la última inflamación independentista ha incluido también una defensa cerrada de la operación de la Guardia Civil ordenada por la Audiencia Nacional y saldada el lunes con las detenciones de nueve activistas indepdendentistas, siete de los cuales fueron enviados el jueves a prisión sin fianza al ver el juez indicios de delitos de pertenencia a organización terrorista, fabricación y tenencia de explosivos y conspiración para causar estragos. La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, advirtió también al presidente de la Generalitat, Quim Torra, que el ejecutivo «no consentirá ningún ataque al Estatuto ni a la Constitución».
La Moncloa no ve por el momento motivos para activar de nuevo el artículo 155 de la Constitución en Cataluña, como pide Cs, porque Torra no ha pasado del estadio de hacer declaraciones y porque los textos aprobados por el Parlament son «proposiones no de ley», resoluciones sin rango legal, nada que ver, remarcó Celaá, con las leyes de desconexión aprobadas en septiembre de 2017.
Pero, del mismo modo que subrayó que no se dan por el momento las circunstancias en las que el Constitucional determinó que es de aplicación la intervención de la autonomía, la ministra portavoz insitió igualmente en que, llegado el caso de tener que volver a recurrir al 155, al Gobierno «no le temblará el pulso». «La Constitución es nuestra herramienta común para el diálogo, pero también, si fuera necesario, para la defensa de nuestros valores», advirtió.
Hasta entonces, el ejecutivo socialista se conforma con afear a Torra que acusara al Estado de querer «criminalizar a los independentistas» y con reclamarle «una actitud muchísimo más exigente con respecto a una potencial violencia» y «que deje claro su respeto a las leyes de la democracia y los principios del estado de derecho, uno de cuyos fundamentos básicos es la separación de poderes», en palabras de Celaá. Con eso y con los recursos al TC, que se harán efectivos una vez las resoluciones se publiquen y el Consejo de Estado emita su preceptivo informe previo.
Las resoluciones del Parlament que Sánchez impugnará
Los textos a impugnar son tres. El primero, el que presentaron conjuntamente JxCat, ERC y la CUP, en el que el Parlament se «conjura» para «liderar una respuesta institucional» a la sentencia del Supremo que tiene que pasar por «el ejercicio del derecho de autodeterminación». En el articulado se llama a que también haya respuesta en la calle, y se tacha de «causas represivas» tanto al juicio celebrado en el TS como al resto de procedimientos abiertos relacionados con el procés.
El Gobierno también impugnará la resolución presentada por la CUP, y aprobada con los votos de los 68 diputados independentistas de la cámara, en la que el Parlament insta al govern Torra a «impulsar un acuerdo nacional» que, por un lado, se ocupe de «fijar las vías» que permitan ejercer «el derecho de autodeterminación» en «el plazo más breve posible» y, por el otro, vincule ese eventual referéndum a «la defensa y la exigencia de una amnistía total» para los dirigentes soberanistas que sean condenados por el TS.
En ese mismo texto, se dice además que Cataluña ya ejerció el derecho de autodeterminación el 1-O, y que el Parlament afirma la «legitimidad» de la desobediencia civil e institucional» y reafirma «su carácter plenamente soberano, rechazando las imposiciones antidemocráticas de las instituciones del Estado español, y en especial, de sus Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo».
En la tercera de las resoluciones aprobadas que acabará en el TC, la presentada por los dos partidos que integran el govern Torra, JxCat y ERC, además de reclamar que la Guardia Civil se marche de Cataluña, se acusa a la Junta Electoral Central y el poder judicial de atentar contra la separación de poderes y de vulnerar el derecho a la libertad de expresión, y se exige que se detengan todas aquellas operaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que la propia mayoría independendentista considere que buscan “reprimir el activismo social y político”.
