Los funcionarios llevan a Illa al Supremo por su gestión sanitaria

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, podría terminar en en el banquillo si prospera la denuncia que ha presentado contra él el sindicato de funcionarios CSIF ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, máxima autoridad del gobierno en la crisis del coronavirus, por su gestión ante la pandemia. 

CSIF acusa al Ejecutivo de Pedro Sánchez de «falta de previsión» ante la magnitud de la crisis y denuncia las «insuficientes medidas de protección» con las que cuentan los profesionales del Sistema Nacional de Salud, motivo por el que ven delitos en materia de prevención laboral, lesiones y homicidio imprudente.

El sindicato también remarca que en los próximos días se ampliará la denuncia presentada en los próximos días contra otros colectivos del ámbito de las administraciones públicas por la gestión de la crisis. En un comunicado, CSIF recuerda que ya está trabajando en la vía de lo civil para solicitar responsabilidad patrimonial contra la administración.

Médicos «a la guerra»

Los funcionarios recuerdan que tras más de dos semanas desde el estado de alarma, los profesionales sanitarios de toda España siguen trabajando en gran número de centros hospitalarios sin los preceptivos necesarios y equipos de protección individual (EPI), como guantes, gafas, batas y mascarillas: “Tenemos a más de 12.000 trabajadores del sistema nacional de salud contagiados, el 14,5% del total de contagiados”.

CSIF denuncia que los médicos se ven abocados a reciclar materiales ante la «insuficiencia de medios materiales», aunque la eficacia de estos está perdida al no ser materiales reutilizables. La falta de condiciones pone en riesgo la salud de los facultativos, puesto que les expone al contacto directo con la población contagiada. 

El sindicato ha tachado de «indignante» la situación de los hospitales o el IFEMA, y ha indicado que «estamos lanzando a la guerra a nuestros profesionales» y que además lo están haciendo «sin armas».Por ello, el sindicato ha concluído diciendo que «no hay derecho» y que esto «tiene que cambiar».

Gobierno aislado 

El Gobierno afronta esta crisis cada vez más solo, tras las denuncias reiteradas de la oposición de haberles ninguneado al dar por supuesto el apoyo. A pesar de ello, el Ejecutivo ha evitado cualquier respuesta a las críticas que lanzan las otras formaciones contra su falta de transparencia y algunas de las medidas tomadas unilateralmente

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha rechazado un frenazo de la actividad e insiste en defender que se trata de «una suerte de hibernación». La portavoz ha añadido que se avisó a casi todos los presidentes autonómicos que se iban a aprobar los decretos relativos con la suspensión de la producción no esencial.