Recoder, en la cuerda floja por la venta de ATLL

La privatización de Aigües Ter Llobregat (ATLL), el suministrador de agua a los municipios catalanes, no pasará a la historia como modelo ni se estudiará en las escuelas de negocios. Lo que debía ser una inyección de tesorería y un elemento para reducir el déficit catalán se ha transformado en un grandísimo problema para unas finanzas públicas con respiración asistida. Lluís Recoder, el conseller de Territori i Sostenibilitat, ha sido el responsable de llevarla a cabo. Y, ahora, es también el foco de todas la críticas incluso de sus compañeros del Govern.

Algunos dirigentes de CiU le responsabilizan de la parálisis de la venta. La ha pilotado de manera personal desoyendo los consejos de Presidència, Economia y otros altos cargos de la administración catalana, según relatan las mismas fuentes. Recoder ya no suena con fuerza para continuar en el cargo en el nuevo Govern.

Sin fecha para firmar

Si la operación no se firma antes de concluir el año, la Generalitat presentará mayor déficit y tendrá dificultades para hacer frente a gastos corrientes (como la nómina de personal). Ese riesgo crece cada día, indican, por la proximidad del cierre del ejercicio. Consultado por este diario sobre cuándo se formalizará la privatización, Recoder respondió con un lacónico e inconcreto “todavía no hay fecha”.

El consorcio ganador es el encabezado por Acciona, empresa madrileña que preside José Manuel Entrecanales. Le acompañan como socios el banco brasileño BTG Pactual y dos hombres de negocios barceloneses (Ferran Rodés y Manel Torreblanca). Aguas de Barcelona (Agbar), su competidor y perdedor del concurso, ha denunciado el procedimiento y ha emprendido una contundente batalla jurídica para frenar la adjudicación.

Influido por Carcolé

Recoder ha sido asesorado en esta ocasión por Leonard Carcolé, máximo responsable de la Agència Catalana de l’Aigua (ACA) y ex directivo de Agbar. Carcolé está enfrentado al presidente de esa compañía, Ángel Simón.

Las condiciones de la privatización se redactaron en unas plicas que ponderaban un 25% la oferta técnica y un 75% la económica. En número redondos, la privatización supone reducir en 1.000 millones la deuda ordinaria de la Generalitat. Las condiciones establecidas pasan por pagar unos 300 millones en efectivo a la firma de la privatización (casi 400 millones si se consideran los impuestos autonómicos que se deben abonar) y el resto durante el periodo de concesión.

La beligerancia de Agbar

Que Agbar haya convertido en casus belli esta privatización ha sorprendido a propios y extraños. La empresa capitaneada por Simón sostiene que la Generalitat no ha adjudicado el concurso con criterios transparentes. La filial de Suez y de La Caixa mantiene el pulso administrativo y jurídico al considerar que fueron claros vencedores en el capítulo técnico y que si perdieron en el precio fue porque Acciona hizo una oferta temeraria.

Las diferencias han llevado a Agbar a trasladar hasta los tribunales el asunto. La primera batalla librada se ha saldado a su favor: el TSJC ha obligado a Recoder a mostrar toda la información aportada por Acciona, elemento indispensable para que se pueda impugnar el concurso.

¿Problemas en Acciona?

El entorno político de la Generalitat y del propio presidente temen ahora que una adjudicación precipitada ponga en riesgo la operación ante los tribunales. Medios empresariales insisten en que Acciona tiene problemas para reunir los alrededor de 400 millones que debe desembolsar. Ese extremo es negado por la compañía de Entrecanales.

Tampoco la Comisión Nacional de Competencia ha ayudado a acelerar el proceso. En su último pleno no revisó la operación. Es posible que lo trate en la reunión del próximo 26, pero sin ninguna garantía de que sea aprobada. Agbar, por su parte, mantiene el operativo empresarial dispuesto por si al final deben hacerse cargo de ATLL.

La llegada de ERC

Otros medios políticos atribuyen la parálisis a las negociaciones entre CiU y ERC para la investidura del presidente Artur Mas. Los republicanos habrían presionado para que se revise la privatización y se cierre con criterios que hagan imposible dudar sobre su transparencia y conveniencia política, apuntan fuentes del entorno republicano.