Quim Torra reconstruye el aparato diplomático que usaba Puigdemont

El presidente de la Generalitat solicita a sus asesores un informe para readmitir a todo el personal del Diplocat cesado durante la aplicación del 155

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Quim Torra intenta recuperar al ciento por ciento el organismo paradiplomático internacional de la Generalitat, el Diplocat, con el que el gobierno de Carles Puigdemont impulsó su propaganda internacional.

El presidente catalán ha pedido un informe jurídico de carácter urgente a la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat, con el objetivo de que el personal que trabajaba para el Diplocat sea readmitido de nuevo en las mismas condiciones. Estos trabajadores fueron despedidos cuando el ejecutivo de Mariano Rajoy tomó el control de la Generalitat mediante la aplicación del 155. Tras la puesta en marcha del gobierno de Torra, el Diplocat recobró buena parte de su estructura. 

A partir de julio de 2018, Torra reanimó los motores del Diplocat con Laura Foraster al mando de la secretaría general. El presidente catalán asegura que la aplicación del 155 sobre el organismo diplomático y el subsecuente despido de sus trabajadores afecta a los derechos laborales de estos, razón por la que insta a la urgencia de dicho trámite.  «Es necesario reducir el tiempo en el que se mantienen los efectos desfavorables del despido», dice el presidente catalán en su petición. 

De Mas a Quim Torra

El Diplocat fue creado por el gobierno de Artur Mas en 2012, con la intención de promover el territorio de Cataluña a nivel internacional. Colaboraban con este proyecto las diputaciones catalanas, las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación, varias universidades catalanas y escuelas profesionales, y FC Barcelona, entre otros. 

Las funciones del Diplocat también se han cuestionado durante el juicio ante el Tribunal Supremo de los hechos del 1-O, en los que se ha desvelado que la Generalitat empleó el órgano diplomático para contratar a los llamados «observadores internacionales«, que debían analizar la jornada del referéndum del 1 de octubre del pasado 2017. 
 

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