La aplicación del artículo 155 traducida en cifras

La intervención forzosa de la Generalitat por parte del Gobierno mediante la aplicación del artículo 155 ha desatado durante los últimos meses un inacabable combate político. Los soberanistas han demonizado el 155, cuyo efecto más visible ha sido el cese del gobierno de Carles Puigdemont y la convocatoria de elecciones, sin que muchos hayan reparado en la intervención en términos de gestión.

El secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, ha sido en este tiempo lo más parecido a un presidente interino de la Generalitat, ya que de él han dependido las principales decisiones administrativas del gobierno catalán. Desplazado durante la semana a Barcelona, la Generalitat ha aprobado, bajo su supervisión, la convocatoria de 2.000 plazas para profesores, la transferencia de 1.100 millones a ayuntamientos catalanes y el pago de 1.500 millones a proveedores (en especial del ámbito sanitario) a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

Según el Gobierno, su intervención se ha centrado en «reactivar una Generalitat absolutamente parada por el proceso soberanista». El mundo local, a su entender, era el gran damnificado de la aceleración independentista. «No han sido ni uno ni dos los alcaldes que nos han agradecido la puntualidad en los pagos», ha destacado en alguna ocasión el delegado del Gobierno, Enric Millo. La parálisis de la Generalitat también se puede traducir en cifras, ya que los acuerdos sobre educación se habían reducido un 26%, los sanitarios un 38%, los sociales un 30% y los de justicia un 46%.

Mediante la aplicación del artículo 155, también se han tramitado pagos relacionados con renta garantizada de ciudadanía, con más de 26.000 beneficiarios por un importe mensual de 19 millones de euros. Otros partidas aprobadas han consistido en la inversión de 30 millones de euros en estructuras viarias de aquí a 2020.

El Gobierno, en cambio, no ha querido dar cifras sobre el ahorro que ha supuesto para la Generalitat el cese de más de 200 altos cargos del gobierno de Puigdemont ni tampoco sobre el volumen de subvenciones que se han frenado para alimentar a entidades y empresas afines a la línea soberanista. Considera el Gobierno que realizar estos cálculos sería contraproducente en términos políticos porque desataría el victimismo del independentismo.