Quim Torra busca el apoyo de los CDR ante la sentencia del procés
El golpe policial del lunes contra los CDR embarra el debate de política general en Cataluña y muestra el plan de Torra: rugir juntos contra el Supremo
A las puertas de la sentencia de la causa del procés, estaba cantado que el debate de política general del Parlament estaría marcado por esa supuesta respuesta unitaria que el soberanismo aspira a dar al Tribunal Supremo. Y lo estuvo, sí. Pero a la postre fue la operación policial saldada el lunes con la detención de nueve independentistas acusados de terrorismo, rebelión y tenencia de explosivos, la que incendió el debate.
Al fin y al cabo, las detenciones sí ponen de acuerdo a todo el independentismo, de modo que la reacción se explica, desde ese bando y también desde el de enfrente, como una especie de ensayo general de la réplica a la sentencia.
Sirve, pues, a modo de argamasa para recoser la maltrecha entente entre los dos socios del govern Torra, Junts per Catalunya y ERC, que no en vano se reunieron en el Parlament, a la cabeza el president y el vicepresidente y hombre fuerte de ERC en el ejecutivo, Pere Aragonès, antes del pleno. No es que de ahí saliera ningún anuncio. Se trataba de escenificar esa unidad perdida, aunque sea por un día. O por dos, que son los que dura el debate.
Torra, sin autocrítica y sin apoyos
Luego, la sesión evidenció, sobre todo, la soledad de un ejecutivo condenado por una naturaleza bipolar que quedó reflejada en el doble –si no triple– discurso de un Torra que insistió en que «Cataluña va bien» y que a la hora de la autocrítica no pasó de admitir que «hay margen de mejora».
El president sigue reclamando diálogo, cuando se dirige a Pedro Sánchez, y advierte, mirando al propio presidente del Gobierno y también y sobre todo al electorado independentista, que, como no hay nadie al otro lado de la mesa, seguirá con esa hoja de ruta independentista que nadie sabe muy bien en qué consiste más allá del nuevo mantra de “recuperar la iniciativa” y de volver a ejercer, quién sabe cuándo, el derecho de autodeterminación.
En cambio, para apelar a la oposición en busca de apoyos para los presupuestos de 2020, sin los cuales ERC ya ha advertido por activa y por pasiva –aunque no insistiera en ello este miércoles, que no tocaba- que no es posible prolongar la legislatura, desplegó una lista de compromisos de gestión que nada tienen que ver con el camino a la independencia. De lo que se trata, puestos a hablar de las cuentas, es de “gestionar con rigor y pasión” las competencias que la Generalitat tiene “en el actual marco legal”.
No fueron demasiado halagüeñas las respuestas que recibió Torra, que ofreció reformas fiscales y encajó reproches por la inacción y desorientación de su gobierno de toda la oposición. Los comunes fueron los únicos que, pese las críticas a un gobierno que “no ha hecho los deberes”, en palabras de Jéssica Albiach, ofrecieron colaboración. Otra cosa es que se pongan de acuerdo.
Cierto que también el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, le tendió la mano a Torra, pero con una condición que nadie espera que el president vaya a cumplir: que renuncie al discurso paralelo, al de esa confrontación que el president insistió en que quien la busca es el Estado español, ese que Torra insistió en describir como “inestable” y poco menos que en descomposición. Pero eso está fuera de discusión.
La CUP, de espaldas al govern Torra
¿Y la CUP? Se dedicó a hurgar en las contradicciones de un govern “más instalado en la perpetuación del marco autonómico que en romperlo”, en palabras de Carles Riera, que descartó la viabilidad del plan que venden JxCat y ERC consistente en compaginar un fortalecimiento de las instituciones catalanas con una movilización permanente a base de desobediencia civil.
Alega el cupero que eso comporta posponer “indefinidamente cualquier conflictividad real” porque, en caso de que esos dos ejes entraran en conflicto, se priorizaría el primero, alegó el cupero. Y, para sustentar la tesis, se remitió a un ejemplo: el de los activistas de los CDR que trataron de dificultar en febrero pasado la salida de los presos de Lledoners camino del juicio en el Supremo, en cuya causa la Generalitat no solo se ha personado como acusación, sino que solicita penas mayores que la fiscalía.
Terrorismos y represiones
Todo ese habitual diálogo de sordos transcurrió, con la operación contra los activistas independentistas aún en carne viva. En un tono especialmente bronco, la jefa de filas de Cs, Lorena Roldán, esgrimió una foto del atentado a de ETA a la casa cuartel de la Guardia Civil en Vic, y acusó a Torra de ser «un peligro público» por «blanquear» el terrorismo y jalear a «sus comandos» de los CDR, lo que propició un encontronazo con el presidente del Parlament, Roger Torrent, que le censuró la terminología utilizada.
Torrent, en cambio, no rechistó ni cuando su correligionario en ERC Sergi Sabrià calificó la operación de «razzia orquestada por la Audiencia Nacional y ejecutada por la Guardia Civil» ni siquiera cuando el cupero Riera la tachó, directamente y por dos veces, de «terrorismo de Estado».
El líder del PP en Cataluña, Alejandro Fernández, también incidió en los flirteos de los líderes independentistas con el líder de Bildu, Arnaldo Otegi, y con exmiembros de Terra Lliure. El debate, dijo, ya no es «independencia sí o no», sino «la posibilidad de que el movimiento separatista adopte un giro dramático de su estrategia y liderazgo hacia escenarios que podrían helarnos la sangre».
Luego, eso sí, para rebajar la inflamación acabaría por tirar de ironía a la hora de rebatir las acusaciones de «represión» y «tortura» que el independentismo dedica al Estado y que Torra suscribe. «Señor Torra, aquí la única tortura son sus monocordes peroratas matutinas. Si tiene que declarar la independencia, hágalo aquí y ahora, pero, ¡por el amor de dios, no nos torture más!», clamó.
