Puigdemont pospone las elecciones en su chiringuito parainstitucional
El "consejo para la república" tiene listo su "plan de gobierno", pero no el reglamento para unos comicios internos que ya tendrían que haberse celebrado
“La república somos los ciudadanos”, así que “el punto de partida y la fuente de legitimidad del consell es el registro ciudadano”. Eso se asegura en el vídeo explicativo con el que el “consejo para la república”, el ente parainstitucional encabezado por Carles Puigdemont, explica su estructura “institucional”. El consejo, un organismo diseñado a medida del expresident y que se vende como “el instrumento” para culminar el proceso a la independencia de Cataluña, se constituyó el 30 de octubre de 2018, día en que también se abrió ese registro para inscribirse como miembro del mismo.
Desde el primer momento, se dijo que la presidencia y el consejo de gobierno de la entidad emanarían de unos comicios internos en los que podría participar todo aquel que se hubiera registrado, y que tendrían que celebrarse en un plazo máximo de un año. Ese plazo venció hace mes y medio.
La entidad, que mientras no se celebre ese proceso electoral, sigue en manos de un consejo de gobierno provisional encabezado por el propio Puigdemont, ya ha elaborado un “plan de gobierno” que incluye la previsión de elaborar una Constitución catalana, pero todavía no ha redactado siquiera las dos normas básicas que tienen que regular su funcionamiento interno: el reglamento del consejo y el régimen electoral. Así se admite en el propio plan de gobierno, difundido esta semana.
El «consejo para la república» tiene que crear en primer lugar una asamblea de representantes que puede oscilar entre los 100 y los 150 miembros, que tienen que surgir de entre los inscritos en el registro, al que puede apuntarse cualquiera, desde cualquier parte del mundo, aunque la mayoría de la asamblea está previsto que esté integrada por ciudadanos residentes en Cataluña y mayores de 16 años, que serían escogidos mediante un sistema de listas abiertas.
La asamblea tendría otras dos porciones menos nutridas, una formada por cargos electos, que pueden ser diputados del Parlament, concejales o alcaldes, y otra integrada por ciudadanos -catalanes o no- que no residen en Cataluña. El peso específico que en la asamblea tendrían cada uno de esos tres segmentos está por concretar, se supone que en esas dos normas internas aún por redactar.
En todo caso, ese organismo sería el encargado de escoger al presidente de la entidad, que a su vez sería quien nombraría al resto de miembros del consejo de gobierno, que tiene que estar integrado por entre 10 y 20 personas.
Puigdemont elige su nucleo duro a dedo
A la espera de que se activen los procedimientos de democracia interna, el «consejo para la república» constituyó en diciembre de 2018 una asamblea y un consejo de gobierno “fundacionales” con el encargo de funcionar de forma provisional hasta que se constituyan los definitivos. La primera, integrada por los diputados en el Parlament de JxCat y ERC (la CUP rechazó participar de aquel acto, celebrado en Bruselas, por considerarlo un “gesto simbólico”), y el segundo, encabezado por Puigdemont, con Toni Comín como vicepresidente, los también exconsellers Lluís Puig y Clara Ponsatí (todos los antiguos miembros ahora huidos de la justicia española tienen derecho a integrarse en ese órgano ejecutivo, si así lo desean), y otros 11 miembros designados a dedo por el propio expresident, y que se han ido incoporando de forma progresiva.
La presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie; el diputado en el Parlament de Demòcrates Antoni Castellà; el portavoz de la organización independentista vinculada a la CUP Poble Lliure, Guillem Fuster; el alcalde de Prats de Lluçanès, Isaac Peraire (ERC), y la abogada Neus Torbisco-Casals también forman parte del núcleo duro de la entidad.
En julio hubo cuatro incorporaciones: la activista, exdiputada en el Congreso por los comunes y actual miembro de la formación Som alternativa Marta Sibina; Carme García, que fue diputada en el Congreso por ICV y luego alto cargo de la Generalitat con Artur Mas y con Puigdemont, y los diputados de JxCat en el Parlament Aurora Madaula y Toni Morral. Esete último es además secretario general de la Crida, la formación política creada por Puigdemont el verano de 2018.
El último fichaje hasta ahora ha sido el cantautor y exdiputado de Junts pel Sí Lluis Llach, que se incorporó a ese consejo de gobierno provisional a principios de octubre.
Planes fallidos
Poco después, Puigdemont convocó por primera vez a la llamada «asamblea de cargos electos de Cataluña», que en ese organigrama parainstitucional liderado por el expresident ejercería de réplica del poder legislativo a la manera en que el «consejo para la república» lo sería del ejecutivo. La idea era escenificar como respuesta a la sentencia de la causa del procés una precaria y más aparente que real recuperación de la unidad independentista. Esa cita se saldó con apenas un manifiesto fundacional de mínimos y el compromiso de nuevos encuentros que por ahora no se han convocado, constituyendo el enésimo ejemplo de que esa institucionalidad alternativa sigue ofreciendo mucha propaganda pero ínfimos resultados efectivos.
De hecho, todo lo que tiene que ver con el «consejo para la republica» puede verse como el último de la sucesión de errores de cálculo que han jalonado tácticas y estrategias independentistas a lo largo y ancho del procés. Cuando en octubre del año pasado Puigdemont y Quim Torra presentaron el consejo con toda la pompa y en el Palau de la Generalitat, pese a tratarse a todos los efectos de una entidad privada, el plan era activar las elecciones internas una vez se alcanzara el millón de inscritos, lo que además habría supuesto una recaudación de al menos 10 millones de euros, pero semanas después, cuando ya se vio que esa cifra resultaría inalcanzable, se pasó a hablar de activar el procedimiento en un plazo de entre seis meses y un año.
Pasados 13 meses y medio, el número de miembros registrados, es decir, el censo electoral de ese embrión de la república catalana promovido desde Waterloo y que se resiste a activar sus protocolos de democracia interna apenas supera las 83.000 personas.
