Las cuentas de Llarena: más de 4,7 millones de malversación en el "procés"

El instructor del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ya estima en más de 4,7 millones de euros la malversación del proceso independentista en Cataluña, según los informes que ha recibido hasta la fecha.

En el primer informe de la Guardia Civil, entregado al magistrado en mayo, ya se acreditaba un gasto de 3,26 millones incurrido por la Generalitat presidida por Carles Puigdemont en la organización del «procés» y la preparación del referéndum del 1-O.

Desde esas primeras cuentas, la cifra no ha dejado de crecer. A los 3,2 millones del primer estudio de la Guardia Civil hay que sumar los más de 900.000 euros del coste estimado de los centros de votación.

Además, el levantamiento del registro de los catalanes en el exterior supuso un gasto de adicional de más de 620.000 euros. Juntos, estos pagos ya superan los 4,7 millones de euros.

El gasto del «procés» acreditado por Llarena duplica la fianza de 2,1 millones

A finales de junio, Llarena dio 48 horas al ex presidente autonómico Carles Puigdemont y sus exconsellers para abonar 2,1 millones de euros en concepto de fianza, bajo la amenaza de un embargo en caso de desobediencia.

A comienzos de julio, las entidades independentistas Òmnium y la Assemblea Nacional Catalana (ANC) se hicieron cargo de la fianza impuesta por Llarena después de solicitar donaciones a sus miembros y afines.

Mientras se ordenó y efectuó el pago de la fianza, la Guardia Civil elevó la factura del «procés» a 3,3 millones. Con los descubrimientos recientes, el nuevo monto de 4,7 millones ya duplica el importe pagado por Òmnium y ANC.

La investigación de Llarena sigue en pie: las acusaciones pueden reclamar más fianzas

Llarena ordenó fijar la fianza de 2,1 millones de euros a finales de junio en vista de que el procesamiento se dictó el 21 de marzo, pero la investigación sigue en pie, por lo que las acusaciones pueden reclamar una fianza mayor.

El Instituto Armado y la Guardia Civil han presentado informes que respaldan la malversación después de conocer que el Govern de Puigdemont adjudicó presupuestos para la emisión de anuncios, la creación de campañas publicitarias, los servicios de observadores internacionales y la configuración de una web para el 1-O, entre otros.

El instructor Llarena no es el único que dispone de estos datos; el juez de instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, también investiga la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre.