La Generalitat de Puigdemont pagó por datos ilegales para el censo del 1-O
La Guardia Civil apunta a un gasto de casi 100.000 euros por parte de la Generalitat para conseguir datos ilegales de cara al 1-O
La Generalitat del ex presidente catalán Carles Puigdemont impulsó un gasto de casi 100.000 euros en el Registro de Catalanes en el Exterior, de cara al referéndum ilegal del 1 de octubre.
Este registro, creado para la consulta del 9-N organizada por Artur Mas, obtuvo datos de manera «ilegal», según informes de la Guardia Civil para el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, avanzó Europa Press.
Tras la inhabilitación del expresidente autonómico Mas, la Generalitat de Puigdemont decidió retomar la polémica herramienta para generar un censo de catalanes en el extranjero, con miras al 1-O.
«Los datos únicamente pudieron ser empleados en el 1-O»
De los casi 622.000 euros que la Generalitat gastó en el Registro de Catalanes en el Exterior entre 2014 y diciembre de 2017, el gobierno de Puigdemont destinó 94.235 euros a modificar la aplicación para el 1-O.
El coste de las modificaciones y el mantenimiento del recurso fue variando, especialmente en 2017, cuando el mantenimiento se duplicó durante los meses de mayo y agosto.
La Guardia Civil acusa a la Generalitat de Puigdemont de ampararse «ilegalmente» en la ley 10/2014 de consultas populares no referendarias y participación ciudadana, «vulnerando con ello la legislación vigente».
El secretario de la consejería de economía ordenó entregar datos de caracter personal para el censo del 1-O
«Estos datos, únicamente pudieron ser recabados y utilizados, para emplearlos en el referéndum ilegal del 1 de octubre», estiman los investigadores.
La Guardia Civil cita a Daniel Gimeno, jefe del gabinete técnico de la secretaría general de vicepresidencia de la Generalitat, quien dijo que «nunca se sintió cómodo con los datos de carácter personal solicitados».
Los correos electrónicos entre Gimeno y Aleix Villatoro, secretario general del departamento de asuntos exteriores, delatan que la Generalitat pidió datos de carácter personal incluidos en el registro, por orden del exsecretario de la consejería de economía y hacienda, Josep María Jové.
Gimeno «sabía que era una materia sensible dadas las circunstancias, y más teniendo en cuenta los anuncios públicos hechos por el Gobierno de la Generalitat», agregó la Guardia Civil.
