El PSOE impone la ley del silencio ante la imputación de Podemos
Los barones socialistas, incluso los más críticos, mantienen un silencio estudiado con la presunta caja B de su socio, que sigue la estrategia del caso Dina
El ruido ensordecedor que emanaba de La Moncloa hace una semana debido a la salida de España del Rey emérito Juan Carlos I, contrasta con el silencio sepulcral de estos días ante la investigación abierta contra Podemos por presunta financiación irregular. Pese a que la imputación involucra a uno de los partidos del Gobierno de coalición, desde el PSOE se ha elegido la estrategia de evitar el asunto a toda costa, al menos de momento, tras las fuertes fricciones internas que han surgido en el Gobierno.
Pedro Sánchez se desmarcó olímpicamente de la cuestión este martes, cuando en una rueda de prensa en Mallorca fue interpelado en varias ocasiones al respecto y se limitó a alabar el «Estado democrático de derecho» y a insistir en que hay un muro entre los poderes judicial y ejecutivo; en una defensa que es como no decir nada. Lo propio hizo la ministra portavoz, María Jesús Montero, que en una visita en Cádiz descartó valorar la imputación y se remitió a las declaraciones de los dirigentes de Podemos.
A diferencia de Sánchez, que rompió con su tradicional forma de rehuir de las preguntas incómodas ensalzando el trabajo del Gobierno de coalición, Montero sí que se apegó al argumentario y aseguró que el Ejecutivo es «fuerte», está «cohesionado» y «tiene por delante cuatro años». «Poco que añadir de este tema en relación con lo que ya se ha planteado por parte de los dirigentes de esa formación política», ha añadido, en alusión a Podemos.
El resto del partido, escudado en las vacaciones de verano, mantiene un silencio poco improvisado sobre la imputación judicial de Unidas-Podemos, su socio en el Gobierno, y varios altos cargos del partido.
Los barones más críticos no se pronuncian
Tampoco los barones socialistas más críticos de Sánchez han hecho declaraciones sobre la controversia que rodea a Podemos. Algunos que hace una semana salían al paso de Iglesias en defensa de la Monarquía, como Emiliano García-Page, no están y no se sabe si se les espera.
El presidente de Castilla-La Mancha se ha plantado ante Sánchez en tiempos de coalición por asuntos como la investigación que pedía Podemos a Felipe González o la revisión del delito de sedición.
Otros barones del PSOE, como el extremeño Guillermo Fernández Vara o el aragonés Javier Lambán, tampoco han entrado a valorar las acusaciones que se vierten sobre Podemos. La portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Adriana Lastra, y y su homólogo en el Senado, Ander Gil, igualmente se han acogido al particular y tácito pacto por el silencio que caracteriza al partido de Sánchez y su ejecutiva ante la última polémica de Podemos.
Algo similar sucedió con las informaciones sobre el caso Dina, que también afecta a Iglesias. La postura del PSOE fue que Podemos debía explicar estos asuntos y que el cerco a los morados no debe, bajo ninguna circunstancia, distorsionar el trabajo de la coalición. «Nunca he valorado procesos judiciales abiertos», defendía en una entrevista televisiva Sánchez en julio, avisando que «no voy a hacer valoraciones sobre, en este caso, un colega del Gobierno».
PSOE y Podemos cerraron filas en torno al caso Dina y vetaron la comparecencia de Iglesias en el Congreso de los Diputados que reclamaba la oposición, una demanda que se ha repetido nuevamente tras anunciarse la imputación al partido morado por financiación supuestamente irregular. La justificación en aquel entonces fue que se trataba de un asunto particular y ajeno al control parlamentario al que está sometido el Gobierno.
¿Puede argumentarse lo mismo esta vez? No se sabe por qué el PSOE calla.
PP y Vox piden la dimisión de Iglesias
Lo cierto es que la investigación a Podemos y a varios de sus cargos se anunció el pasado lunes y en el ecuador de la semana hubo silencio total por parte de La Moncloa —interrumpido artificialmente por Sánchez y Montero—, pese a que uno de los imputados —el asesor de comunicación de Pablo Iglesias en su departamento, Juanma del Olmo— trabaja en el Ejecutivo. No solo eso, sino que ningún dirigente socialista se ha atrevido a brindar declaraciones.
Mientras tanto, la oposición demanda explicaciones. El PP, incluso, exige la dimisión de Iglesias. Los populares también reclaman la comparecencia urgente del vicepresidente segundo, y cuentan con el apoyo de Ciudadanos, el socio de Sánchez que incomoda a Podemos. Y Vox va más allá: cree que todos los miembros de Podemos deben salir del Gobierno, y considera que esta investigación dota de más motivos a la moción de censura que pretende presentar en septiembre.
Para el PP, la imputación puede llevar a la venganza por las ocasiones en las que Podemos cargó con todas sus fuerzas contra la formación tras conocerse investigaciones semejantes. El partido de Casado difundió este miércoles un vídeo que repasa la hemeroteca de Iglesias en este sentido y que hace suya la advertencia que en 2018 lanzó el líder morado a Mariano Rajoy ante los presuntos casos de corrupción que motivaron la moción de censura: «tic, tac, tic, tac…».
Desde luego, el PP critica que Sánchez y el PSOE avalan «con su silencio los escándalos que acorralan» al vicepresidente segundo del Gobierno. «¿Dónde están los líderes de los partidos del Gobierno de coalición cuando les salpican escándalos? Callados», ha manifestado Dolors Montserrat, actual eurodiputada y una de las dirigentes populares que tuvo que abandonar el Ejecutivo (en su caso, el Ministerio de Sanidad) tras triunfar la moción de censura a Rajoy.
Podemos pide anular su imputación
Este miércoles, Podemos presentó un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid solicitando la nulidad de la imputación al considerar que las pruebas que dice haber aportado su exabogado José Manuel Calvente son meras «sospechas» que no tienen «relevancia penal» y además fueron obtenidas de forma «ilícita», según consta en un escrito al que tuvo acceso Europa Press.
La formación acusa al abogado despedido de incumplir su «obligación de guardar secreto profesional» para obtener la documentación que justifica su denuncia contra el partido. Podemos dice que entre las pruebas aportadas por Calvente hay «datos de carácter personal» y que las mismas deben ser excluidas del procedimiento por haber sido obtenidas «mediando vulneración de derechos fundamentales».
