Los presos de JxCat piden el tercer grado

La defensa de los políticos de Junts per Catalunya (JxCat) condenados en la causa del procés ha pedido este martes clasificar en tercer grado al expresidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, y a los exconsejeros Jordi Turull y Josep Rull. El abogado de los procesados, Jordi Pina, ha subrayado además que la «decisión final» sobre su situación penitenciaria es responsabilidad del Departamento de Justicia del Govern catalán, que está en manos de Esquerra Republicana (ERC). 

Cada uno de los políticos se enfrenta a una pena distinta: 12 años para Turull por delitos de sedición y malversación; 10 años y seis meses para Rull por sedición y 9 años de cárcel para Sánchez por un delito de sedición. A través de un comunicado, Pina lamenta que ciertas informaciones «pretenden justificar y normalizar» la clasificación en segundo grado de los condenados.

Las informaciones a las que se refiere el abogado proceden de los servicios jurídicos de ERC, que indican que previsiblemente se clasificará a los reos en segundo grado. Si esto terminara sucediendo, Pina ya ha adelantado que sus representados eleverán un recurso para pedir que se les aplique el tercer grado, lo que les permitiría poder salir de prisión cada día y regresar al centro penitenciario solo para dormir. 

La Junta de Tratamiento de los centros de Lledoners, Mas Enric y Puig de les Basses —donde se encuentran encarcelados los presos independentistas— deberán proponer esta semana la clasificación de los reclusos. En cualquier caso, la decisión de establecer en qué régimen se encuentra cada uno recaerá en la Secretaría de Medidas Penales, un organismo que depende del Departamento de Justicia del Govern y que está en manos de ERC. El plazo para ratificar la decisión es de dos meses, por lo que la incertidumbre podría dilatarse hasta el próximo año. 

Siguiendo el comunicado, Pina recuerda que las juntas de tratamiento de cada centro penitenciario «únicamente elevarán su informe» a los responsables de la conselleria. El abogado asegura contar con el «firme convencimiento» de que la clasificación debería ser el tercer grado, sobre todo, contando con sus «circunstancias personales». Estas, según él, son el entorno social, la posibilidad de encontrar empleo y que no exista ni peligrosidad, ni indicios de reincidencia, ni tampoco responsabilidad civil alguna que tenga que ser abonada por parte de los condenados. 

«Esta defensa y mis clientes en las últimas semanas han mantenido un escrupuloso respeto hacia la labor de los profesionales de los centros penitenciarios que deben emitir los preceptivos informes», apunta el comunicado.