Nadie quiere asumir la suspensión de Junqueras
Batet devuelve al Supremo la pelota de decidir la suspensión de los diputados procesados, primera patata caliente de la legislatura
Si primero fue el Tribunal Supremo el que delegó en la Mesa del Congreso la decisión de suspender a los cuatro diputados independentistas procesados y en prisión preventiva, este miércoles, la nueva presidenta de la Cámara Baja, la socialista Meritxell Batet, ha optado por devolver la pelota al tejado del Supremo.
Batet ha convocado para este jueves la primera reunión de la Mesa, pero no prevé una decisión sobre la suspensión de Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull, a la espera de las nuevas instrucciones que ha solicitado al alto tribunal. La patada hacia adelante permite eludir de momento la patata caliente y, en todo caso, y siempre que no acabe tomándola finalmente el Supremo, posponer hasta pasadas las elecciones del domingo una decisión cuyas consecuencias nadie parece querer asumir.
El sainete se completa con la petición formulada también este miércoles por la fiscalía al Supremo, instándolo a que suspenda ya a los cuatro diputados y también al senador Raül Romeva, igualmente procesado.
Cambio de criterio en el Supremo
El alto tribunal sí dictó en su momento la suspensión de Junqueras, Sànchez, Romeva, Rull, Turull y también Carles Puigdemont como diputados del Parlament, firmada por el instructor de la causa del procés, Pablo Llarena, que se remitió al artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Pero desde que arrancó la vista oral, es la sala de enjuiciamiento la que toma las decisiones.
El cambio de criterio, además, se basa en que el Reglamento del Congreso sí establece en su artículo 21.1 la suspensión automática de los diputados procesados y en prisión provisional, a diferencia del de la cámara catalana, cuyo artículo 25.1 dice que tiene que ser aprobada por la mayoría absoluta del pleno.
Sea como fuere, la decisión del Supremo de delegar la decisión en la propia Cámara Baja incomodó a los socialistas, porque formalizar el aval a la suspensión por el que ya se han decantado públicamente tanto el PSOE como el Gobierno supondría el primer desencuentro con sus socios preferentes de Unidas Podemos, que por boca de Gerardo Pisarello, uno de sus dos representantes en la Mesa, ya ha dejado claro su rechazo a la suspensión. Y, quizá más importante, también supondría un choque frontal a las primeras de cambio con los independentistas, cuyos votos Pedro Sánchez podría llegar a necesitar, de entrada, para la investidura.
Dudas y cautelas
Sucede que el reglamento del Congreso vincula la suspensión a la existencia de un auto de procesamiento firme dictado después de que la Cámara Baja lo haya autorizado previo suplicatorio solicitado por el TS, que en este caso no ha considerado necesario ese trámite porque el juicio ya estaba iniciado cuando los procesados obtuvieron su condición de diputados.
Esa circunstancia genera dudas que justifican así la petición de instrucciones por parte de Batet, que este miércoles insistió en que la decisión corresponde al poder judicial en aplicación de la lea Ley de Enjuiciamiento Criminal. Que es lo mismo que en su escrito al Supremo plantea la Fiscalía.
Devolviendo la pelota al Supremo, Batet se asegura de no tener que mojarse este jueves tomando una decisión que pueda ser utilizada en contra del PSOE en la recta final de la campaña, aunque negó la acusación de Cs de estar maniobrando para dilatar la resolución del asunto. Y, si finalmente es el poder judicial el que acaba retirando el derecho de voto a Junqueras y compañía, el Gobierno evita empezar la legislatura como acabó la anterior: con un encontronazo con JpC y ERC que podría complicarle la gestión de esa geometría variable por la que apuesta para gobernar en solitario.
