La Fiscalía se anticipa a Batet: pide ya la suspensión de Junqueras
El ministerio público se dirige al Tribunal Supremo para que suspenda a los presos soberanistas electos como parlamentarios
La Fiscalía se ha puesto en marcha para que Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull y Raül Romeva no vuelvan a pisar las Cortes. La Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo que comunique a la Mesa del Congreso y a la del Senado que «deben proceder a la aplicación inmediata» del precepto legal que obliga a la suspensión de los presos del «procés» que han obtenido escaño.
La Fiscalía, en un escrito remitido al Supremo, solicita al tribunal del «procés» que impulse la aplicación del artículo 384 bis de la ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), que establece que cuando exista un procesamiento firme por delito de rebelión y se decrete la prisión provisional, el procesado que ostente un cargo público quede «automáticamente suspendido» de sus funciones.
El Ministerio Público ha elevado este escrito antes de que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y el presidente del Senado, Manuel Cruz, convoquen las mesas de ambas cámaras para analizar si procede la suspensión de los cuatro diputados y el senador que han sido elegidos.
No obstante, Batet ya ha dejado claro lo que puede ocurrir al subrayar que «todo indica» que los diputados en prisión preventiva van a tener que ser suspendidos. La presidenta del Congreso se refirió, en este sentido, a la mencionada ley de Enjuiciamiento Criminal y al Reglamento del Congreso, que son «bastante claros».
En todo caso, pidió respetar los tiempos y esperar a que se reúna la Mesa de la Cámara para decidir sobre las solicitudes de suspensión de Junqueras, Turull, Rull y Sànchez.
El calendario de la suspensión: ¿antes de las elecciones?
Tras el encuentro que tiene previsto este con el Rey, Batet hablará con los miembros de la Mesa para fijar una reunión esta misma semana, aunque no garantizó que se pueda dictar una resolución antes de las elecciones del domingo.
También explicó que si lo creen necesario, pedirán un informe a los servicios jurídicos de la Cámara, porque la decisión que tome la Mesa «no será política», sino «estrictamente jurídica», ya que se trata de «una cuestión de aplicación del ordenamiento jurídico».
Esta será la primera controversia que deberá resolver la Mesa en una legislatura que su presidenta augura «intensa» y «complicada», pero también «con mucha pluralidad».
