Los letrados del Parlament asumieron el fin de Torra como ‘president’
En un recurso de diciembre de 2019, los letrados del Parlament confirmaron que la pérdida de condición de diputado sería el fin de la presidencia de Torra
Los letrados del Parlament asumieron en unas alegaciones que Quim Torra podría cesar como president de la Generalitat debido a la pérdida de su acta como diputado. Lo hicieron en un recurso contra la JEC, con fecha del 24 de diciembre de 2019 (ver aquí el documento), en el que los servicios de la Cámara catalana aludieron a un artículo del Estatut de Autonomía de Cataluña –el 67.2– para afirmar que «la pérdida de la condición de diputado conllevaría también la pérdida del cargo de President de la Generalitat», con lo que han contradicho de antemano la argucia que se guarda el soberanismo.
Ante el descalabro al que se enfrenta Torra por la pérdida de su condición de diputado del Parlament de Cataluña, fuentes soberanistas han asumido que hay un «truco» que puede mantenerle durante unos meses más como presidente de la Generalitat. Tiene que ver con ese mismo Estatut de Autonomía de la comunidad autónoma al que aludieron los letrados en diciembre pasado, que indica en ese artículo 67.2 que «el presidente o presidenta de la Generalitat es elegido por el Parlamento de entre sus miembros».
El independentismo se guarda esta normativa bajo la manga para cuando llegue el momento de inhabilitar a Torra en el Parlament, con la previsión de alegar que el Estatut catalán solo dice cómo se debe elegir al president pero no dice nada sobre qué pasa con el cargo si el president pierde su escaño en la Cámara. En otras palabras, el soberanismo entiende que Torra puede seguir en el Palau de la Generalitat porque la exigencia de ser diputado es para convertirse en presidente, no para continuar siéndolo.
Pasa que nadie quiere tumbar a Torra, pues ello podría desatar otra guerra entre el independentismo, siendo su partido –Junts per Catalunya (JxCat)– y Esquerra Republicana (ERC) socios del Govern. El papel del republicano Roger Torrent, presidente del Parlament, es especialmente complicado, porque por un lado recibe presiones de la Junta Electoral Central (JEC) y del Tribunal Supremo para que inhabilite a Torra, y por otro recibe presiones para que se plante y luche contra la «represión» de las instituciones judiciales.
Sin embargo, paradójicamente, los letrados del Parlament han admitido que la inhabilitación de Torra como parlamentario comportaría también su salida de la Generalitat en un escrito de recurso en el que intentaban defender al president ante la JEC tras el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que ordenó su «inhabilitación especial» para el ejercicio de cargos públicos por un año y medio. Los letrados alegaban que el Parlament solo puede sustituirle después de una sentencia firme.
Cuenta atrás para que Torrent tome una decisión
Todo el peso cae ahora sobre Torrent, a quien la JEC ha dado este jueves un plazo de dos días para retirar el escaño de Torra en el Parlament. El órgano electoral se basa en parte en el auto del Tribunal Supremo, también de este jueves, en el que se avala su orden de inhabilitarle como parlamentario tras haber sido condenado por desobediencia por parte del TSJC, por no retirar lazos amarillos y mensajes en favor de los políticos presos catalanes del balcón del Palau de la Generalitat.
La JEC ha demandado que Torrent «de forma inmediata proceda a dar cumplimiento a lo acordado por esta Junta Electoral Central con fecha 3 de enero de 2020, realizando a tal fin todos los trámites necesarios para hacer efectiva la pérdida de la condición del diputado don Joaquim Torra i Pla, remitiendo a esta Junta la documentación que lo certifique».
