Las medias verdades de Carmena sobre el estado de Madrid

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha pintado un panorama un tanto idílico respecto a cuestiones urbanísticas que, lejos de estar «resueltas», como reiteraba en su primer discurso del estado de la ciudad, se encuentran en una situación de práctica paralización o, incluso, como ha ocurrido con la operación Chamartín, definitivamente anuladas.

En relación a este gran desarrollo, promovido por el BBVA a través de Distrito Castellana Norte (DCN), aseguraba la alcaldesa que el Ayuntamiento «había resuelto la operación Chamartín porque iba a tardar 20 años en desarrollarse». En cambio, ahora, en los presupuestos de 2017, «vamos a incluir una partida para algo que no puede esperar, como es la solución al nudo Norte», añadía.

Solución intermedia

No obstante, dejaba Carmena la puerta abierta a encontrar una solución intermedia a los dos proyectos planteados, el del propio DCN –anulado por el pleno municipal– y el de Puerta Norte, la alternativa del Ayuntamiento.

Una tercera vía para que las viviendas a construir no fueran ni las 17.000 propuestas en el proyecto del banco presidido por Francisco González y la constructora San José, ni las apenas 5.000 contempladas por el Ayuntamiento. «La edificabilidad que ha quedado es tan alta que estoy segura que, al final, llegaremos a un acuerdo», apuntaba la alcaldesa.

El banco solo admite su plan

Desde el banco no salen de su asombro ante las palabras de la edil, y vuelven a reiterar que esta posibilidad no se baraja en absoluto. «No saben lo que quieren y no nos planteamos otra opción. Nosotros tenemos un plan que ha sido denegado, pero que se ajusta a la legalidad», afirman fuentes cercanas a la entidad financiera.

Y van más allá para confirmar su intención de presentar un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo del Pleno que anuló el plan de DCN.

Recurso a la vista y abandono del proyecto

«Recibimos hace dos semanas la carta del Ayuntamiento con la motivación de la decisión y tenemos mes y medio para recurrir», comentan. «Seguramente no agotaremos el plazo y antes de que acabe julio presentaremos el recurso», apuntan.

El recurso queda al margen de la decisión del banco de abandonar definitivamente, el 31 de diciembre de 2016, el proyecto de la operación Chamartín. «Esa fecha se mantiene invariable», aseguran.

Si para entonces no está aprobado el plan, la salida del BBVA de este desarrollo será definitiva dos décadas después de haber entrado en él. Nada hace pensar que las cosas vayan a cambiar hasta entonces, aunque desde DCN dejan una pequeña rendija abierta. «Si quieren podrían aprobar todavía el plan», comentan.

Cooperativistas desmienten a la alcaldesa

El de la operación Chamartín no fue el único proyecto urbanístico al que Carmena se refirió como «resuelto» durante su discurso. «Hemos resuelto el tema de la cooperativa Raimundo Fernández Villaverde», aseguraba. Algo que, desde el seno de la cooperativa, niegan en rotundo.

«No ha habido ninguna novedad», señalaba un portavoz del Residencial Maravillas, el proyecto en el que 355 familias se embarcaron en noviembre de 2014, cuando pagaron 111 millones de euros al Ministerio de Defensa, junto al paseo de la Castellana, y que, dos años después, siguen sin saber cuándo podrán iniciar la construcción de sus viviendas e, incluso, si podrán hacerlo.

Licencia de demolición y convenio de gestión

Aunque los cooperativistas desconocen las razones que llevaron a la alcaldesa a dar por resuelto este asunto, las mismas podrían estar relacionadas con la decisión que acaba de tomar la Comisión de Protección del Patrimonio Histórico, Artístico y Natural (CPPHAN), de la que forman parte tanto el Ayuntamiento como la Comunidad de Madrid, de dar vía libre a la demolición de la instalaciones militares, que dejaría el suelo vacante.

Un paso importante, pero no definitivo, toda vez que, para proceder a la demolición, se requiere contar con la concesión de la preceptiva licencia que debe otorgar el Área de Desarrollo Urbano Sostenible, dirigida por José Manuel Calvo.

Un extremo que sería difícil de asumir si, antes, no se firma el convenio de gestión para desarrollar urbanísticamente el ámbito, en el que se defina la reparcelación y las cesiones.