La Audiencia Nacional procesa a Trapero y a la cúpula de Interior del 1-O
La Audiencia Nacional confirma el procesamiento a Trapero y a la excúpula de Interior de la Generalitat por organización criminal y dos delitos de sedición
La Audiencia Nacional ha confirmado el procesamiento de Josep Lluís Trapero por organización criminal y dos delitos de sedición durante la jornada de asedio a la consejería de Economía los días 20 y 21 de septiembre, así como por sus actuaciones durante la consulta ilegal del 1-O.
Tanto el major de los Mossos d’ Esquadra como el resto de altos cargos ligados a la cúpula del cuerpo policial fueron procesados por primera vez el 5 de abril, a lo que contestaron con un recurso. No obstante, ahora la sala de lo penal los ha rechazado, por lo que la juez que instruye el caso, Carmen Lamela, les enviará a juicio.
La medida ha sido también ratificada para la excúpula de la consejería de Interior, por lo que el ex secretario general de Interior de la Generalitat, César Puig, y el ex director de los Mossos, Pere Soler, también se sentarán en el banquillo. La intendente Teresa Laplana, por su parte, será procesada por sedición por los días 20 y 21 de septiembre.
La primera resolución contra los mossos
En la primera resolución de la magistrada Lamela se explicaba que los procesados desempeñaron «sus actividades como miembros de una compleja y heterogénea organización unida por el propósito de lograr la secesión de Cataluña» y su proclamación como república independiente, «al margen de las vías legales”. Lamela añadió en su auto que entiendía que existió un reparto de papeles entre autoridades gubernamentales, parlamentarias y civiles, para llevar a cabo la secesión.
Es más, mantenía que tanto en los días 20 de septiembre y 1 de octubre, los mossos se mantuvieron al margen de cualquier actuación desarrollada por la Policía y la Guardia Civil, con una conducta dirigida “a obstruir cualquier actuación que bloquease el plan estratégico hacia la independencia”.
Trapero contestó con un recurso en el que se desmarcó del referéndum del 1-O y en el que se puso tanto a disposición del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) como de la fiscalía para cumplir sus «órdenes».
