El nuevo plan de Puigdemont para demonizar la democracia española
Puigdemont impulsa que el Diplocat explique ''la deriva antidemocrática y autoritaria de España'', para demonizar la democracia española ante los extranjeros
A Pep Guardiola no se le ocurrió por sí mismo calificar a España de “estado autoritario”. Aunque lo pueda creer. El gobierno catalán que preside Carles Puigdemont está ligado a la causa independentista y a la voluntad de celebrar un referéndum de autodeterminación. Hasta tal punto que no duda en demonizar y desacreditar la democracia española, utilizando para ello una extensa lista de supuestos agravios. Desde la denuncia de “la deriva autoritaria”, hasta la comparación con el pueblo kurdo. Todo es posible. Y Guardiola lo asumió al leer un texto en la última exhibición independentista el pasado domingo 11 de junio en Montjüic.
El gobierno catalán lo hace con un nuevo impulso, a través del Diplocat, la ‘diplomacia catalana’, que depende del consejero de Relaciones Institucionales, Raül Romeva, con reuniones periódicas con delegaciones de diputados y políticos extranjeros. El mensaje es repetitivo: se denuncia “la deriva antidemocrática y autoritaria de España”, porque “no deja votar a los catalanes”.
En las últimas semanas esos contactos se han intensificado. Con una delegación de representantes estonios –Estonia presidirá el consejo de la Unión Europea en el segundo semestre de 2017–, realizada el 25 de mayo; con una delegación con representantes políticos escandinavos, el 2 de junio, y con diputados turco-chipriotas, el 8 de junio.
El Diplocat, del gobierno catalán, difunde el mensaje de que España no es democrática
En las reuniones, por parte catalana, se invita a representantes de la llamada sociedad civil, pero que están ligados con mayor o menor intensidad al proceso soberanista. Son representantes de la ANC, de la UGT, de Femcat, o de Plataforma per la Llengua, aunque también se invita a otros colectivos más alejados de las tesis soberanistas.
La que se organizó con los representantes estonios –políticos y activistas de Estonia– la presidió oficiosamente Ernest Maragall, como presidente de la Fundació Catalunya Europa, aunque ha sido eurodiputado en los últimos años en las filas de un partido propio ligado a Esquerra Republicana.
Los representantes estonios, según fuentes conocedoras de la reunión, acabaron saturados del flujo de información lanzado por los soberanistas catalanes, que no dudaron en denunciar “la deriva antidemocrática y autoritaria del Estado”, con argumentos que se centraron en una supuesta persecución de la lengua catalana, la judicialización contra los políticos catalanes negándoles la libertad de expresión o en la llamada Operación Catalunya, sobre la supuesta investigación policial a cargos y políticos catalanes.
La idea del Diplocat es que se persigue el catalán, hay una operación policial y no se deja votar
El propio Maragall, o Adrià Alsina, de la ANC, señalaron que la democracia española presenta “una baja calidad”, y que el “contrato social” de Cataluña con la Constitución “se quebró” al no permitir el gobierno español avanzar hacia un estado federal, como dibujaba el Estatut aprobado en 2006, y cuestionado con la sentencia del Tribunal Constitucional en 2010.
Los argumentos, en función de los interlocutores, varían. En la reunión con representantes de países nórdicos, como la ex alcaldesa de Estocolmo, Ann-Margarethe Livh, la denuncia contra España se centra en la prohibición de impulsar medidas sociales, para buscar la complicidad de diputados que defienden con pasión el estado de bienestar.
Una de las invitadas en ese caso, por parte de la delegación catalana, fue Angels Chacón, primera teniente de alcalde de Igualada, y recientemente nombrada directora general de Industria de la Generalitat. Chacón defendió el proceso soberanista con la idea de que consta de dos patas: la reivindicación económica, al entender que Cataluña sufre un “expolio fiscal”, y la parte emocional.
Los representantes nórdicos se interesaron por la cuestión, con cierto escepticismo. Y algunos de los presentes, Elena Jiménez, de Òmnium Cultural y Natalia Esteve, de la ANC, entraron en un tema espinoso, al mencionar el caso de los kurdos, pueblos sin estado, “como Cataluña”, y que era justo reivindicar el derecho de autodeterminación. Los nórdicos, al parecer, torcieron el gesto, al no ver ni una sola posibilidad de establecer una comparación entre los derechos de los catalanes y los kurdos.
La asimilación de los independentistas con los kurdos causa perplejidad en diputados escandinavos
El danés Lars Aslan Rasmussen, de origen kurdo, no se reprimió y aseguró, según las fuentes conocedoras de la reunión, que ya querrían los kurdos tener un 5% de los derechos que tienen los catalanes.
En el tercer encuentro, esta vez con diputados turco-chipriotas, fueron éstos los más interesados en la conversación, con el objetivo de establecer complicidades para el plan de unificación de la isla. Los representantes de la República Turca del Norte de Chipre y de la República de Chipre quieren buscar un acuerdo bajo el manto de la Unión Europea.
Pero las situaciones fueron similares a las anteriores. Participaron miembros de la sociedad civil, como Miquel Camps, de Pimec o Ernest Pérez Mas, de Parlem, la operadora de móvil ligada a Bon Preu. La reunión la presidió Laura Foraster, directora ejecutiva del Diplocat. Tras analizar la situación de Chipre, el clima se enrareció con la intervención del representante de Pimec, quien –como en otras ocasiones han hecho los independentistas—puso el ejemplo de Rosa Parks y el de las sufragistas para ‘denunciar’ al Estado español por impedir el voto de los catalanes, defendiendo la desobediencia.
El bloque soberanista insiste en el ejemplo de Rosa Parks para defender la desobediencia
Cuando algunos de los presentes, de la propia delegación catalana, puso objeciones a la comparación, que implica ver a los catalanes en 2017 como los negros de Alabama en los años 60 en Estados Unidos, y ante la falta de argumentos de Miquel Camps, fue un diputado turco-chipriota el que acabó considerando que esa comparación le parecía por completo disparatada.
Otro de los presentes, Ernest Pérez Mas, de Parlem, entró en la cuestión fiscal, y aseguró que los empresarios catalanes pedían el derecho a votar en el referéndum de autodeterminación, y que Cataluña sufre un ‘expolio fiscal’. Su idea fue que España debía adaptarse a las nuevas circunstancias, como los empresarios se adaptan a las necesidades de sus clientes. Es decir, situó el problema catalán como una cuestión de mercado, y si los ‘clientes’ desean un referéndum, éste se debe poder realizar.
El bloque independentista trató de hacer ver a los diputados turco-chipriotas la necesidad de ese referéndum, en un momento complicado para Chipre, pendiente, sin embargo, de un posible referéndum sobre la unificación de Chipre, al contrario de lo que se vive en Cataluña con el bloque secesionista, que trata de separarse de España.
Las reuniones con otros diputados y políticos europeos se mantendrán por parte del Diplocat. A pesar de los nulos éxitos en esa búsqueda de reconocimiento internacional, el gobierno catalán trata por todos los medios de que cale un mensaje: España es un país que ha iniciado una deriva autoritaria, y poco democrática por impedir el voto a los catalanes, a pesar de que el derecho de autodeterminación no se reconoce, para una parte del territorio de un estado, en ninguna Constitución del entorno europeo.
