La ANC teme una sanción de 4,5 millones por su boicot al IBEX
Torra apoyó a Paluzie y salió a defender una campaña que promovía la "contratación de bienes y servicios en empresas afines a la causa independentista"
La Assemblea Nacional Catalana (ANC) atraviesa un momento delicado debido a las consecuencias que podría tener su campaña de boicot al IBEX, bautizada como Consum Estratègic, en la que inducían a no contratar los servicios de empresas contrarias a la independencia. La página web de Consum Estratègic fue suspendida desde finales de 2019 tras dictarse medidas cautelares a raíz de una denuncia de Foment del Treball a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la sanción podría ser millonaria.
La causa todavía está pendiente de sentencia, pero la ANC se prepara para un “castigo ejemplar” y “multas muy elevadas”. La entidad presidida por Elisenda Paluzie calcula que en el peor de los casos la sanción podría alcanzar los 4,5 millones de euros.
Foment del Treball pidió que se paralizara la campaña, aunque también cursó una denuncia de la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) para que se impusiera una multa de 60.000 euros para cada uno de los «representantes legales» de la ANC.
Torra socorre a Paluzie
El presidente de la Generalitat, Quim Torra, se ha puesto de parte de la Asamblea y ha salido en defensa de una campaña que promovía la «contratación de bienes y servicios en empresas afines a la causa independentista», según consta en dos acuerdos de Govern y publica La Vanguardia.
La Generalitat cree que la petición de dictamen es un paso previo necesario antes de poder plantear cualquier conflicto positivo de competencias ante el Tribunal Constitucional (TC), al no recibir respuesta alguna por parte del Estado sobre el requerimiento de incompetencia presentado el 15 de abril.
La ANC se protege con un duro ataque contra las instituciones del Estado al acusar al Gobierno de «ignorar, una vez más, las competencias de la Generalitat para poder castigar ejemplarmente a la Asamblea»: “Ahora, es a través de la vía administrativa que el Estado español intenta poder quedarse la demanda de que Foment del Treball presentó a la Autoridad Catalana de la Competencia con el fin de asegurarse una resolución en contra de la Assemblea«.
